El auditor Superior de la Federación, Juan Javier Pérez Saavedra —encargado de despacho debido a que desde hace dos meses los diputados no han podido designar al nuevo titular—, entregó la tercera parte de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 de toda la administración pública federal a la Cámara de Diputados, en la que dio a conocer que sólo en ese año se lograron recuperaciones por 7 mil 896 millones de pesos.

De acuerdo con el informe general, durante los últimos 16 años en la Auditoría Superior de la Federación se han recuperado 123 mil millones de pesos, al 19 de enero de 2018, aunque dicho monto podría incrementarse debido a la existencia de los Pliegos de Observación pendientes de solventar.

Pérez Saavedra informó que en lo que lleva de creada la auditoría superior se han presentado 912 denuncias de hechos y que de la Cuenta Pública de 2015 a 2016 han sido presentadas 120 denuncias por irregularidades de enero de 2017 a enero de 2018.

El encargado de despacho no quiso ofrecer una cifra del total del monto observado por posibles daños al erario, debido a que, a pesar de que este martes se cerraron las auditorías, comienza el periodo para que las entidades fiscalizadas aleguen lo que a su derecho convenga y aporten pruebas para solventar las observaciones.

En este tercer informe se realizaron 10 mil 347 acciones o auditorías a todas las dependencias y entidades del país y se emitieron 4 mil 400 recomendaciones, con 2 mil 504 Promociones de Responsabilidad Administrativa y 2 mil 557 pliegos de observaciones. Asimismo, se solicitaron 643 peticiones de aclaración.

El auditor Superior dijo que, después de sus revisiones, se han observado problemas estructurales que limitan el impacto del gasto en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Si bien es cierto que se han percibido mejorías en la gestión de algunas entidades federativas, de manera general, aún persisten áreas de oportunidad, tales como elevada incidencia y recurrencia de observaciones, subejercicios, transparencia insuficiente y un reducido avance del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Auditorías forenses. La ASF realizó, por lo menos, nueve auditorías forenses, que se realizan cuando ya se presume una responsabilidad penal y daño al erario y abre la puerta a presentar denuncias. Las revisiones se realizaron a la Universidad Mexiquense Bicentenario, Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, así como a la Universidad de Campeche, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y Universidad Tecnológica de Salamanca.

En el informe de participaciones federales se detectó que el monto observado de posible daño al erario del gasto federalizado que se les entrega a los estados y municipios es de 98 mil 102 millones de pesos, del cual 69% corresponde al gasto federalizado programable y 31% a las participaciones federales.

Al subejercicio correspondieron 14 mil 997 millones de pesos, de los cuales 4 mil 252 millones de pesos es un monto todavía por aclarar y las observaciones con impacto económico suman 78 mil 853 millones de pesos.

Por tercer año consecutivo, la ASF detectó que el estado de Veracruz, durante el último año de gestión de Javier Duarte fue la entidad con mayores montos observados, con 19 mil 728 millones de pesos. Le sigue Nuevo León en el primer año de Jaime Rodríguez Calderón, con 9 mil 841 millones de pesos.

En tercer sitio se encuentra el Estado de México, con 7 mil 634 millones; le siguen Michoacán, con 6 mil 246 millones de pesos; además Tamaulipas, con 5 mil 437 millones de pesos. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Baja California continúan la lista.

Reforma educativa. En este informe, la Auditoría Superior de la Federación detectó que a cuatro años de la reforma educativa “aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, se obtuvo el nivel de logro educativo más bajo en 56.7% de los alumnos en matemáticas y 48.1% en lectura; en Media Superior 49.3% en el área de matemáticas y 45% en lenguaje y comunicación.

Sobre las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicaron que ambas entidades “no reportan beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano”.

Sobre la falta de nombramiento, Pérez Saavedra reconoció que sí se corre el riesgo de que el proceso se politice y de que pudiera haber un “auditor carnal”; rechazó alguna crisis debido a que, asegura, la institución tiene solidez.