Información relacionada con las solicitudes de desafuero y juicios políticos en contra de funcionarios y exfuncionarios es protegida por la Cámara de Diputados. La instancia legislativa reservó por cinco años la información vinculada con 39 solicitudes de desafuero; además resguardó por dos años los expedientes de 204 juicios políticos que tiene congelados.

La información es de las pocas que ha reservado la institución legislativa al argumentar la protección al debido proceso de los denunciados.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados reservó hasta el 19 de enero del 2022 las 39 solicitudes de declaración de procedencia, figura conocida como desafuero, en contra de servidores públicos.

De acuerdo con información proporcionada a Excélsior, varios de estos casos ni siquiera están vigentes porque los diputados no les dieron entrada a los expedientes a tiempo. Algunos implicados ya ni siquiera tienen cargos públicos, por lo que no procede el desafuero, aun así, la Cámara de Diputados protege la información.

La Sección Instructora, a cargo del priista Ricardo Ramírez Nieto, respaldó su decisión al argumentar que la difusión de la información “puede vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio”.

Actualmente, la Sección Instructora tiene en trámite el análisis de la solicitud de desafuero en contra de la diputada federal del PRI, Bárbara Botello. Desde el año pasado se le analiza el expediente, pero este año no se ha reunido la instancia legislativa para dar una resolución.

Mientras tanto, la Subcomisión de Examen Previo se reservó hasta el 25 de abril de 2019 la información relacionada con 204 solicitudes de juicio político. Esta Subcomisión está integrada por la Comisión de Gobernación y la de Justicia, que encabezan los priistas Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra, respectivamente.

Los expedientes forman parte de un procedimiento, el cual no ha sido resuelto de forma definitiva; toda vez que forman parte de un cúmulo de información que entre otras cosas contiene información sensible relacionada con el denunciado, así como opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo, para resolver sobre la procedencia para imputar la responsabilidad a Servidores Públicos, así mismo el Juicio Político contiene los elementos necesarios para considerarlo un procedimiento seguido en forma de juicio, derivado de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 110 Constitucional y 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, se lee en el documento, cuya copia tiene este diario.

Al igual que las solicitudes de desafuero reservadas, hay expedientes en fila de juicios políticos que ya perdieron vigencia.

Incluso, en marzo del año pasado, la Subcomisión de Examen Previo desechó 58 expedientes de juicio político, 49 de ellos por tratarse de señalamientos contra personas que hace tiempo dejaron de ser funcionarios públicos.

Además, luego de que el Poder Judicial les impuso una multa por no sesionar, la Subcomisión se reunió para desechar 109 casos en contra de exgobernadores, exsecretarios de Estado y hasta exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dichas solicitudes se presentaron desde el 3 de octubre de 2003 al 30 de noviembre de 2015 y prescribieron porque la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos establece que este procedimiento sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y un año después de la conclusión de sus funciones.

Se tardaron tanto los diputados en la revisión que incluso algunos políticos fallecieron, es el caso de Carlos Abascal, quien fue Secretario de Gobernación.

Por su parte, el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, comentó que en algunas ocasiones se presentan solicitudes de desafuero que ni siquiera están sustentadas y parecen más un acto mediático.