El gobierno del presidente Joe Biden está recurriendo a una política controversial de la era de Donald Trump conforme dispersa a miles de migrantes haitianos a lo largo de la frontera con México en la pequeña ciudad de Del Rio, en el sur de Texas, y sus alrededores.

Para consternación de los defensores de los migrantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está recurriendo a la ley de salud pública conocida como Título 42 para detener con rapidez a los haitianos y llevarlos de vuelta a su turbulenta patria, negándoles así una oportunidad de solicitar asilo y quedarse en Estados Unidos.

El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo el lunes que la mayoría de los haitianos retirados del campamento de Del Río han sido expulsados con base en el Título 42. Esta medida enfureció a los activistas por los derechos humanos y a otros que esperaban ver el fin de dicha política por parte de un gobierno que, por lo demás, ha tratado de revertir gran parte de la agenda de Trump para controlar la inmigración.

El Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública le da poder a los funcionarios federales de salud durante una pandemia para tomar medidas extraordinarias con el fin de limitar la transmisión de una enfermedad infecciosa.

No es un poder nuevo. Esta autoridad ha existido en diversas formas desde 1893. El gobierno de Trump la invocó en marzo de 2020 con un efecto arrollador, prohibiendo la entrada de prácticamente cualquier persona de México y Canadá y en esencia sellando las fronteras del norte y del sur.

Aparentemente se pretendía evitar la propagación del COVID-19 en los atestados puestos de la Patrulla Fronteriza y en las instalaciones gestionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los críticos de esta política la ven como una medida apenas disfrazada para obstaculizar la inmigración, haciendo notar que priva a las personas de su derecho a solicitar asilo o a tratar de permanecer en Estados Unidos a través de alguna otra vía legal.

El año pasado, ex funcionarios federales de salud dijeron a The Associated Press que el gobierno de Trump hizo caso omiso a los científicos gubernamentales que dijeron que no había evidencia de que invocar el Título 42 frenaría el coronavirus. Sin embargo, la orden de salud pública sigue vigente y cientos de miles de personas han sido expulsadas con base en su autoridad.

Biden ha anulado muchas de las políticas de Trump relativas a la inmigración legal e ilegal. Sin embargo, su gobierno ha mantenido en vigor el Título 42 en un momento en que el COVID-19 sigue haciendo estragos en todo el mundo y en medio de un aumento de los migrantes que tratan de entrar a Estados Unidos a través de la frontera suroeste, debido en parte al grave trastorno económico causado por la pandemia y a las condiciones generales en América Central, Haití y otros lugares.

El gobierno de Biden puso fin a la práctica de la era de Trump de regresar a México a los niños que viajan sin un adulto, y ha permitido que algunos migrantes que viajan con sus hijos se queden en Estados Unidos para solicitar asilo u otra posibilidad de residencia legal. Pero ha expulsado a decenas de miles de adultos y familias bajo el Título 42, insistiendo en que es una medida de salud pública y no una política de inmigración.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones presentaron una demanda colectiva para poner fin a las expulsiones de familias. La semana pasada parecieron anotarse una victoria, cuando un juez federal de Washington dijo que el uso del Título 42 de esta manera probablemente era ilegal. Señaló que le ordenaría al gobierno que dejara de expulsar familias en dos semanas. Pero en cuestión de horas el gobierno dijo que apelaría.

“El gobierno de Biden dice que quiere distanciarse de las políticas de asilo inhumanas del gobierno de Trump”, señaló el abogado Lee Gelernt de la ACLU. “Sin embargo, ha mantenido la más extrema de todas las políticas, la política del Título 42 que literalmente está enviando a las familias a las manos de los perseguidores y los cárteles”.

En los últimos días, miles de migrantes de Haití han intentado entrar a Estados Unidos por el paso fronterizo de Del Rio. Los haitianos llevan años intentando entrar al país por la frontera suroeste, pero no está claro qué llevó a tantos a reunirse en este punto y en este momento en particular.

En mayo, el gobierno de Biden concedió el estatus de protección temporal a los haitianos que ya estaban en Estados Unidos, pero eso no se aplica a las personas que se están concentrando cerca de Del Rio.

Conforme surgía un campamento cada vez más precario bajo un puente en el lado estadounidense de la frontera, las autoridades comenzaron el proceso de detener a los migrantes y luego expulsarlos. Mayorkas ha dicho que algunos serían objeto de una “expulsión expedita” en la que Estados Unidos deporta rápidamente a los inmigrantes que cometan infracciones menores. Pero la mayoría, dijo, serían expulsados bajo el Título 42, el cual se esmeró en presentar como una medida de salud pública.

“La migración irregular supone una amenaza importante para la salud y el bienestar de las comunidades fronterizas y para la vida de los propios migrantes, y no debe intentarse”, dijo.