La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el próximo 16 de noviembre iniciará el juicio de extradición en contra de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

La Corte de magistrados de Westminster de Londres fijó esa fecha para el comienzo del juicio de extradición contra la ex primera dama de Veracruz, acusada por presunto desvío de fondos público.

La FGR señaló que logró que el asunto avanzara “luego de que en la administración pasada el caso de Karime ‘M’ esposa de Javier ‘D’ estuviera estático”.

El 29 de octubre de 2019 fue detenida en Londres, y se le otorgó el beneficio de la fianza por 150 mil libras esterlinas, 3.5 millones de pesos mexicanos aproximadamente, al tiempo que el juez determinó medidas cautelares consistentes en portar un brazalete de geo localización electrónica, acudir diariamente a la estación de policía más cercana a su domicilio a firmar y no acercarse a ninguna terminal marítima, aérea o terrestre.

En mayo de 2018, la Secretaría General de Interpol, en Lyon, Francia, emitió una ficha roja contra Karime, debido a una orden de aprehensión librada por un juez del estado de Veracruz, donde se le señala como probable responsable del delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos.

La orden de aprehensión contra Karime fue librada por un juez de control del fuero común, quien concedió el mandamiento judicial que solicitó la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dirigida en ese entonces por Jorge Winckler.

La última vez que se vio a Karime fue el 16 de abril de 2017, cuando Javier Duarte fue detenido en Guatemala, tras permanecer seis meses prófugo.

En mayo de 2018, el sucesor de Duarte, Miguel Ángel Yunes ordenó investigar a Karime, y la localizó en Londres; el gobernador exhibió la forma en que vivía.

Según la fiscalía de Veracruz, entre 2011 y 2012, por órdenes directas de Karime, cuando era presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz, se simularon contratos de compra-venta con diversas empresas, que derivaron en fraude por un monto estimado en 112 millones de pesos.

Las autoridades estatales la acusaron por su probable intervención o participación en el delito de fraude específico, en agravio del patrimonio del mencionado gobierno estatal.