Desde la cabeza: “Todo se trata sobre él”, o en inglés: “It’s all about him”. Luego, el sumario: “AMLO está usando su cruzada contra la corrupción para acumular poder e intimidar fuertemente a sus críticos” o “AMLO is using a crusade against corruption to accrue power and cow critics”.

The Economist usa dos ejemplos para sustentar un amplio texto publicado hoy: el ex Ministro Eduardo Medina Mora y Guillermo Ignacio García Alcocer, ex comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ambos renunciaron, dice, por presiones de que serían investigados.

También dice que a sus aliados les va bien, aunque sean señalados por corrupción. Para eso ejemplifica con Manuel Bartlett Días, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunta corrupción.

La revista, que duró un tiempo sin publicar algo fuerte sobre López Obrador (a quien suele llamar “el Presidente populista”), dice en un texto amplio que AMLO utiliza su campaña contra la corrupción para ir eliminando opositores o gente que, como Medina Mora, no son de su agrado.

The Economist cuenta que desde 2003, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) ha vendido autos y casas incautadas por el Gobierno de México, principalmente de contrabandistas y evasores de impuestos. “El SAE solían dividir las ganancias entre la policía, el Poder Judicial y los servicios de salud. Andrés Manuel López Obrador, desde el 1 de diciembre del año pasado, ha acelerado las cosas. Ahora se refiere al SAE como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En junio prometió 25.7 millones de pesos de una subasta de bienes mal adquiridos a dos pueblos indígenas pobres en el estado sureño de Oaxaca. En una conferencia de prensa televisada, el Presidente entregó cheques gigantes a sus alcaldes”, dice.

“El episodio resume mucho sobre la Presidencia de López Obrador. Muestra su dedicación a la lucha contra el saqueo, su talento para el teatro político, su indiferencia hacia las instituciones y su creencia en la virtud de la gente común, entre quienes se considera a sí mismo. ‘Para parecer que estaban luchando contra la corrupción, los gobiernos anteriores crearon muchas reglas’, dijo en la entrega del cheque. Los dos pueblos afortunadas podrán gastar el dinero que quieran, sin supervisión. Los mexicanos ‘son personas honestas’, dice el Presidente. ‘La corrupción ocurre desde arriba, no de abajo hacia arriba’. Su manera popular de combatir la corrupción está funcionando para él. En un momento en que los ciudadanos de América Latina se rebelan contra sus líderes, AMLO tiene una tasa de aprobación de casi el 60 por ciento”, dice la revista británica.

La publicación dice que AMLO tiene razón en estar preocupado por la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 180 países, México comparte el lugar 138 con Rusia. Agrega: “Para AMLO, la corrupción no es solo uno de los problemas más grandes de México, sino que prácticamente es su único problema. Con erradicarla, la pobreza y el crimen cesarían. Los funcionarios tributarios honestos recaudarían tanto dinero que serían innecesarias reformas fiscales dolorosas. La ira por la corrupción une a la coalición variopinta de AMLO, que abarca desde activistas de izquierda hasta evangélicos. Todos creen en su incorruptibilidad. Redujo su salario a la mitad, trabaja días de 16 horas y toma vuelos comerciales”.

Pero el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado revela las fallas en la política anticorrupción de AMLO, dice. “En lugar de construir instituciones para combatir el soborno, se ofrece como el baluarte principal contra él. Peor aún, sostienen los críticos de AMLO, usa esa campaña para debilitar instituciones y opositores. Salta sobre las fechorías de sus críticos e ignora las de sus aliados. Aunque no está tentado por la riqueza, sí lo está por el poder”.

Cita a Denise Dresser: “El enfoque del Gobierno para combatir la corrupción es como encender fuegos artificiales para proporcionar iluminación en lugar de construir una red eléctrica”.

The Economist dice que los que combatieron la corrupción durante la Presidencia plagada de escándalos de Enrique Peña Nieto enfrentaron represalias, pero también avanzaron. “Los periodistas y las ONGs, algunas financiados por empresarios ricos, descubrieron los mayores escándalos, incluida la adquisición por parte de la Primera Dama de una casa de una empresa constructora con contratos gubernamentales”. Dice que unos 600 mil ciudadanos firmaron una petición para obligar a los políticos a declarar sus activos y conflictos de intereses. Se convirtió en ley.

“Las ONG que defendieron estos cambios esperaban que López Obrador los llevara a buen término. Pero ha demostrado ser su enemigo, no su aliado. El Presidente izquierdista considera a los grupos financiados por empresas como agentes del ‘neoliberalismo’. Se refiere a Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), una ONG respaldada por empresarios, como ‘mexicanos en favor de la corrupción’. En parte, esto es solo AMLO acaparando la atención. Pero también refleja su rechazo a la tesis de las ONG de que la clave para reducir la corrupción es reforzar las instituciones y cambiar los incentivos”, señala The Economist.

“Bajo AMLO –afirma la revista–, el sistema anticorrupción no ha progresado, dicen sus arquitectos. ONGs ha presentado una demanda judicial contra el nombramiento del Fiscal Anticorrupción alegando que está demasiado cerca de él. La renovada oficina del Fiscal General ha mantenido su antiguo personal y estructura organizativa. AMLO prefiere discreción a las reglas. Como Presidente electo, prometió no seguir a sus predecesores en el enjuiciamiento de algunos delincuentes de alto perfil de la administración anterior. Sin embargo, aparentemente cambió de opinión. Su Gobierno, por ejemplo, arrestó a Rosario Robles, una Secretaria de Peña acusada de robar un cuarto de mil millones de dólares. AMLO propone, extrañamente, celebrar un referéndum sobre si investigar a Peña y a otros presidentes anteriores por corrupción”.

Cita el caso de Guillermo García Alcocer, ex titular de la CRE, y agrega: “los fiscales iniciaron una investigación sobre presuntos conflictos de intereses. García renunció”. Cita a Eduardo Medina Mora, “un Ministro de la Suprema Corte contra quien AMLO siempre ha guardado rencor. El Ministro renunció en octubre de este año después de que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno lo acusara de lavado de dinero. Pronto surgieron informes de que las cuentas bancarias pertenecientes al Ministro y sus hermanos fueron congeladas horas antes de su renuncia, solo para ser descongeladas días después. Tales casos crean un clima de miedo y disidencia fría. Una nueva ley permite al Gobierno encarcelar a presuntos evasores de impuestos antes de ser juzgados, dándole otra herramienta para intimidar a los críticos”.

The Economist agrega: “Parece que a los amigos de AMLO les va mejor. Tomemos a Manuel Bartlett, un aliado que encabeza la Comisión Federal de Electricidad (CFE). MCCI afirmó que no declaró conflicto de interés en dos docenas de propiedades por un valor de 800 millones de pesos registradas a nombre de personas cercanas a él. AMLO calificó la acusación de ‘periodismo al servicio de los conservadores’”

Concluye: “Cuatro quintos de los contratos gubernamentales no se otorgan a través de procedimientos transparentes de adquisición. Muchos contratos para construir los proyectos favoritos de AMLO se otorgan sin un proceso de licitación. El Gobierno invoca motivos de seguridad nacional. La administración de AMLO, como la mayoría de los jóvenes gobiernos, hasta ahora ha producido pocos escándalos de corrupción. A medida que estallan las rivalidades, tienden a surgir historias de malversación. Un informe del auditor federal [Secretaría de la Función Pública] sobre los gastos del Gobierno el próximo año pulirá o estropeará su reputación de rectitud. El manejo de la investigación de Bartlett puede mostrar si tomará en serio los alegatos hechos contra los leales a López Onrador. Es probable que nada de esto altere el enfoque del Presidente sobre la corrupción. Prefiere repartir cheques grandes que fortalecer controles y equilibrios”.