Durante una intervención en el pleno del Congreso del Estado de Veracruz, la diputada Montserrat Ortega alzó la voz en contra de una reforma que propone la eliminación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), y su sustitución por la Contraloría del Estado. Con una exposición apasionada, la legisladora calificó esta medida como un golpe directo a la transparencia, la democracia y los derechos fundamentales de los veracruzanos.

Según explicó, el IVAI había operado como un órgano autónomo, con la misión de garantizar dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. "Este organismo no dependía de ninguna institución política, ni de ninguna autoridad gubernamental, lo que le otorgaba la capacidad de funcionar de manera imparcial y autónoma, es decir no dependía de que se tuviera que congraciar con alguna entidad", señaló.

La diputada destacó la importancia del IVAI como el único mecanismo que permitía a los ciudadanos tener acceso a la información relacionada con el manejo de recursos públicos. Desde los contratos otorgados por el gobierno estatal y municipal, hasta la distribución de impuestos, el IVAI tenía la facultad de exigir informes de transparencia a todos los niveles de gobierno y, en caso de no recibirlos, podía imponer sanciones.

"El IVAI era la garantía de que los veracruzanos tuviéramos acceso a la información pública, para saber qué estaban haciendo con nuestro dinero y cómo se gestionaban los recursos públicos", remarcó la diputada, lamentando que la eliminación de este organismo implicara la desaparición de una herramienta crucial para la rendición de cuentas.

La Contraloría del Estado: ¿Un Guardián Imparcial?

La propuesta de reforma plantea que las funciones del IVAI sean asumidas por la Contraloría del Estado, un ente que, según la diputada, depende directamente del Poder Ejecutivo, lo que pone en riesgo la imparcialidad de las decisiones. "No es posible que el mismo órgano que te niega la información sea el encargado de decidir si derecho tienes a acceder a ella o no. Eso, simplemente, no tiene sentido", expresó.

La legisladora explicó que este cambio violento principios básicos del derecho, como el derecho a un tribunal imparcial, que está garantizado tanto en la Constitución Mexicana como en tratados internacionales de derechos humanos. "En el sistema jurídico mexicano, nadie puede ser juez y parte en su propia causa", enfatizó, alertando sobre los riesgos de una administración pública sin mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas.

La diputada fue tajante al señalar que la reforma impulsada por el Gobierno del Estado no solo afecta la transparencia, sino también la democracia. "Este es un claro ejemplo de cómo se están debilitando los mecanismos democráticos en Veracruz. Nos están quitando la posibilidad de exigir cuentas a nuestros gobernantes de manera efectiva", agregó.

Además, subrayó que el dictamen incluye "excepciones" que permitirán a las autoridades decidir si una solicitud de información puede o no ser respondida, basándose en interpretaciones vagas como "la preservación de la paz". "¿Qué es la paz para ellos? Tal vez la paz mental de no tener que rendir cuentas sobre sus actos", cuestionó, refiriéndose a la amplitud con la que se puede aplicar esta medida.
Finalmente, la diputada concluyó su intervención anunciando que su voto sería en contra de esta reforma, al considerar que "es un retroceso en los derechos de los ciudadanos". "Este dictamen no solo elimina un órgano autónomo, sino que pone en peligro nuestra capacidad de exigir transparencia y de hacer valer nuestros derechos", aseveró.

Con este pronunciamiento, la legisladora hizo un llamado a sus compañeros en el Congreso del Estado para que reconsideran la medida y reflexionen sobre las implicaciones que tendrá para la ciudadanía veracruzana.

En su opinión, Veracruz no puede permitir que la oscuridad y la opacidad reemplacen la transparencia y la justicia.