La Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, destacó en su primer Informe de Labores, el apoyo que se ha dado a familias víctimas de la violencia en el Estado.

Durante su discurso, la presidenta mencionó el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, el 11 de enero del 2016.

"Soy partidaria de escuchar a las personas que durante mucho tiempo han buscado en las instituciones de justicia una respuesta, a diferencia de otras épocas, sus inquietudes han sido atendidas de manera puntual y personal, como en todos los casos, incluyendo el de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca", señaló.

 CASO TIERRA BLANCA

Hay que recordar que se trata de Mario Arturo Orozco (27 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), Alfredo González (25 años), José Benítez de la O (24 años) y Susana Tapia (16 años), quienes presuntamente fueron levantados por policías y posteriormente entregados a un Cartel.

Los cinco jóvenes regresaban de pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz cuando fueron detenidos sin causa justificada en el municipio de Tierra Blanca por la policía estatal.

Asimismo, Aurelia Jiménez, señaló que con el propósito de otorgar atención y certeza jurídica a las personas procesadas realizó visitas a diversos Centros de Reinserción Social, como lo son, Coatzacoalcos, Tuxpan, Papantla y Pacho Viejo.

"De manera especial, visité a la población femenil del Centro Penitenciario de Amatlán de los Reyes “La Toma”,

acciones con las que refrendo mi compromiso total con las mujeres veracruzanas y el respeto a sus derechos". TPJE también ha sancionado.

Igualmente, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, reconoció que existe corrupción al interior de esta institución, prácticas que están siendo sancionadas.

Explicó que tras llegar al cargo entendió que resultaba primordial encarar la corrupción, señalando que se trata de un fenómeno “arraigado”.

“El primer paso para resolver esta problemática era reconocer que esta institución no estaba exenta de las malas prácticas, que laceraba la impartición de justicia en la entidad. Afortunadamente, el común denominador de las y los empleados judiciales es la honestidad; no obstante, era necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y disciplina para reivindicar nuestra imagen”.

Por esta razón detalló que, en un año, se han realizado 35 sesiones ordinarias y 184 extraordinarias, que desencadenaron, entre otras cosas, en 192 Procedimientos Administrativos Sancionadores, de los cuales se resolvieron 165, responsabilizando a 36 servidores públicos.