En el 2022, en Veracruz 747 menores de 10 a 14 años fueron víctimas de pederastia, y solo seis de ellas recibieron el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el primer trimestre, aunque no de la mejor forma revelaron integrantes de Asociación Civil, Equifonia.

 

En el marco de las acciones de 8M, la integrante del grupo, Adriana Fuentes, explicó que a pesar de en que Veracruz, existe una ley que permite el aborto legal, seguro y gratuito, hasta las 12 semanas se gestación, las instituciones de salud continúan aplicando el procedimiento de legrado uterino instrumental (LUI), que es una técnica no recomendada para ese número de semanas de gestación por el propio Programas de aborto Seguro.

 

"Para que las niñas víctimas de pederastia y con diagnóstico de embarazo sean atendidas de manera oportuna y con servicios de calidad, debe considerarse una prioridad la actualización del personal médico que brinda el servicio de IVE, además de que el sector salud debe contar con los insumos necesarios para el procedimiento de aborto médico y de aspiración manual endouterina (AMEU)".

 

Insistieron que en el que estado  persiste el desconocimiento o trato negligente por parte del personal de salud, ya que no se toman las medidas necesarias para garantizar la protección integral a niñas víctimas de pederastia y con diagnóstico de embarazo.

Agregado a ello, explicaron, que las autoridades de salud están obligadas a dar aviso a las autoridades en cada caso donde exista sospecha o evidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) ues están obligados a garantizar la restitución de los derechos que les fueron vulnerados.

 

"Así es como debería proceder el personal médico que atiende a niñas menores de 15 años con diagnóstico de embarazo, y cada vez que les niegan información sobre su derecho a la justicia y a la interrupción del embarazo, le restringen o niegan su derecho al libre desarrollo de la personalidad y favorecen que se prolongue el daño sufrido al ser víctimas de violencia sexual, al. imponerles la maternidad".

Agregado a ello, se debe fortalecer el papel de los Ayuntamientos, a través de la intervención de las Procuradurías municipales de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando que pueden incluso asumir la representación legal de las víctimas de pederastia en aquellos casos donde los padres sean los agresores o sus cómplices.

 

"Como sociedad debemos exigir la protección de las niñas y adolescentes veracruzanas. Podemos hacer la diferencia en la vida de una niña al dar aviso a las procuradurias municipales o en las oficinas de la Fiscalía general de justicia que les corresponda en su lugar de residencia".