El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), desde el 2010 a la fecha, tienen más de mil 500 expedientes por demandas laborales en ayuntamientos y en la administración pública estatal, por lo que el monto a pagar supera los mil 700 millones de pesos.


Concepción Flores Saviaga, magistrada del TECA, reconoció que en algunos ayuntamientos se ha dejado pasar muchos años, ocasionando que los montos a pagar superen el total de su presupuesto actual.


Desconoció que los Magistrados de ese Tribunal tengan responsabilidad por acción y omisión al no haber sentencias ejecutorias.


En ese sentido, afirmó que tal vez no se conoce lo que implica un procedimiento de ejecución, ya que los Magistrados no actúan por interés personal, sino por el interés público.


Comentó que en diversas ocasiones, los abogados son los que piden arrestos inmediatos de las autoridades municipales, y exigen el embargo de bienes muebles e inmuebles, pese a que saben que las propiedades de los ayuntamientos son inembargables.


“Nosotros tenemos que emitir todos los acuerdos y los abogados deben promover, no lo podemos hacer de mutuo propio porque no tenemos un interés particular, sino es un interés público; debemos cumplir con la función y acordar todo lo que pidan conforme a la ley, porque si nos piden un arresto de inmediato, no podemos dictarlo; si nos piden el embargo, no se puede porque los bienes de los ayuntamientos son inembargables; está prohibido por la ley”.


Señaló que del total de los expedientes que tiene el TECA, son muy pocos los asuntos de resoluciones para emitir laudos, sin embargo, la mayoría están en ejecución, y es ahí donde se da la problemática para poder ejecutarlos.


Reconoció que hay diversos factores que retrasan las ejecuciones, entre ellos, los cambios de administraciones, tanto estatal como municipal, pues las autoridades entrantes evaden las responsabilidades sin tomar en cuenta que se trata de problemas institucionales y no de personas.



Además, hay retraso en el desahogo de pruebas; en los procedimientos laborales se interponen amparos en contra de presuntas violaciones en el proceso; se originan trámites de impugnación porque no se aceptan pruebas; y los amparos promovidos se llevan entre seis meses y un año, “todo ese retrasa mucho las sentencias de ejecución”.


Los Magistrados del TECA elaboran un plan de trabajo para abatir los asuntos más antiguos, porque implican mayor desembolso para una ejecución y entre más tiempo dilaten el monto a pagar es mayor, anunció Concepción Flores.


“Como juzgadores tratamos de impulsar a que todo se resuelva lo más pronto posible. Los montos pueden reducirse si se llega a un arreglo conciliatorio entre las partes”.