Ciudadanos celebraron que el pasado martes, fueron vinculados a proceso las personas, hace casi 2 años, se instalaron y afirmaron ser propietarios del predio denominado “Sierra Alta” del municipio de Coatepec.

Mediante un comunicado, informaron que los “perpetradores del despojo acaecido en los terrenos ubicados en el Jinicuil Manzo, Congregación Tapachapan, Coatepec, Veracruz, de acuerdo con lo que decidió la Juez de Control Lic. Norma Landa Villalba del Juzgado de proceso y procedimiento Penal Oral del Distrito XII dentro del proceso penal 7/21”.

Por ello, Ramón González Gómez, quien se ostenta como dirigente de la CIOAC y sus agremiados, deberán enfrentar el juicio en donde el Ministerio Público los acusa de apoderarse del predio en cuestión desde el 21 de julio del 2019, hechos que denunciaron los legítimos propietarios ante la Fiscalía General del Estado.

Cabe recordar que González Gómez junto con un grupo de campesinos, informaron tener el aval de las autoridades para habitar el predio, por lo que se apoderaron de 2 mil héctareas de la zona boscosa conocida como Jinicuil Manso ubicada en el Municipio de Coatepec.

Los afectados, denunciaron que para tal fin, presuntamente falsificaron constancias de posesión y utilizaron el nombre de una supuesta localidad ¨ Sierra Alta ¨ que no existe en el municipio de Coatepec.

Los hechos provocaron la inconformidad de los habitantes de Coatepec, Veracruz, y la movilización de grupos ecologistas, que advirtieron que invadir el predio traería consigo un irreversible daño ecológico a la zona poniendo en riesgo la captación de agua, aunado al peligro para especies de flora y fauna endémicas.

“De acuerdo con lo que se planteó ante la Juez de Control, la Lic. Norma Landa Villalba del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XII, quedó acreditado que los terrenos de Jinicuil Manso en la Congregación de Tapachapan, Coatepec, Veracruz, son propiedad privada y tienen dueños -cuya propiedad constató el órgano judicial- y que los mismos fueron despojados por personas que se introdujeron de manera violenta y furtiva, sin el consentimiento de los legítimos propietarios”.

Por lo tanto, González Gómez y demás campesinos quedaron vinculados a proceso, y de resultar penalmente responsables podrían enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión.

“Es por esto que nosotros, las víctimas del despojo, hacemos un atento llamado a las autoridades para que estén enteradas y sigan trabajando para que nuestra comunidad se vea beneficiada con la justicia y celeridad que merece”.