La diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Auditoria Superior de la Federación (ASF) información sobre los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que viene realizando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ambos entes desestimaron las solicitudes e incumplieron el plazo legal para entregar la información requerida.

La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acusó de que a 8 meses de que inició la actual administración federal, se han adjudicado de manera directa 74.3 por ciento de los contratos registrados en la plataforma electrónica CompraNet.

Conforme a los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución política y el articulo 6 del reglamento de la Cámara de Diputados que establecen el derecho de los diputados de solicitar información a los poderes de la unión o ante cualquier instancia federal, García Rojas presentó la solicitud desde el pasado 15 de julio; sin embargo la ASF ni la SFP han respondido a pesar de que sólo cuentan con 15 días para resolver un requerimiento de información.

“Se pide investigar y revisar la información pública antes referida y analizar si las licitaciones y adjudicaciones realizadas por el Gobierno federal a la fecha, cumplen con los requisitos de ley, o si han existido irregularidades en el manejo de recursos públicos federales, en cuyo caso, determinar las sanciones, y/o consecuencias jurídicas a que haya lugar, en caso de que dichas irregularidades sean constitutivas de delito”, expuso la diputada veracruzana.

Dio a conocer que de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de 28 mil 458 contratos subidos a la plataforma de CompraNet, sólo en el 18.3 por ciento se utilizó la licitación pública y en un 7 por ciento por "invitación restringida"; mientras que el 74.3 por ciento lo fue por adjudicación directa.

Subrayó que ejemplo de esas adjudicaciones son los contratos de los estudios para el Tren Maya por un total de 90.8 millones de pesos; la adquisición de 671 pipas para el abasto de gasolina por 1,765 millones de pesos o siete contrataciones otorgadas por “invitación restringida” que hizo Pemex por 44,000 millones de pesos.

Expuso que no hacer contrataciones vía licitaciones públicas, aparte de que conlleva a probables actos de corrupción, también genera riesgos debido a la falta de competencia, transparencia y anomalías en las que se otorgaron.

Comentó que también pidió que el informe aclare si existe conflicto de interés y en caso de haberlo, darlo a conocer, así como el nombre de las empresas que estén involucradas, y de la misma manera que esta información se difunda de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En otro orden, comentó que los diputados del PAN solicitarán a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una reunión en comisiones para que informen cómo y dónde se invertirán los 121 mil millones de pesos que se tomarán del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP).