El presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados A. C. en la zona Córdoba-Orizaba, Jesús Arenzano Mendoza, reconoció que existe una situación incómoda al solicitar informes sobre el estado financiero del Instituto de Pensiones del Estado, pues por un lado se demanda transparencia y por otro, se pone en riesgo a los derechohabientes al hacer público su estatus.

Y es que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), resolvió el recurso de revisión IVAI-REV/2497/2018/III donde obliga al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) poner a disposición los documentos y registros en los que consten los adeudos del Gobierno del Estado de Veracruz en el periodo de diciembre de 2016 a julio de 2018, detallando subsidio extraordinario y ordinario, cuotas retenidas a empleados, aportaciones patrimoniales, cuotas y aportaciones municipales; monto necesario para cubrir los adeudos del IPE ante sus derechohabientes activos y pensionados; monto del déficit de la reserva técnica del Instituto del 2010 al 2018, detallando uso y destino que se dio durante ese lapso al patrimonio administrado a través del fideicomiso.

El entrevistado señaló que existen puntos contradictorios en la solicitud del IVAI de proporcionar datos financieros del IPE debido a que pondría en riesgo a los derechohabientes si se dan a conocer las nóminas, esto ante la ola de secuestros que se están registrando.

“Habría que ver porque hay una parte donde se pidió, por ejemplo, si bien es parte de la transparencia en el asunto de percepciones al menos de jubilados, se pone en grave riesgo a los jubilados cuando dan su nombre y el monto de su pensión por cómo están las cosas ahora y además porque también hay determinadas leyes que prohíben dar a conocer el nombre y el monto de las percepciones reales”.

Aunque el IVAI a través de los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez analizaron que si la documentación cuenta con datos personales, deberá ser entregada en versión pública aprobada por su Comité de Transparencia.

De ello, Jesús Arenzano expuso que “hay una dualidad que habría que ver cómo se desata, porque por un lado por las ganas de la transparencia tendría que darlo, pero por otro lado en aras de la seguridad de las personas, pues no habría que darla y ahí habría que ver qué es lo que sería más importante; y eso es por las cosas que están sucediendo con las personas que están secuestrando en esta región y por ese tipo de situaciones se debería reservar, hay que preservar la seguridad de la gente…pero en otro lado está el derecho a la información y a la transparencia…es algo difícil”.

Sobre la deuda del Gobierno del Estado al IPE dijo que: “si contamos el saqueo de la reserva técnica más toda la deuda que hay de ayuntamientos, de entes gubernamentales que adeudan en conjunto, generan alrededor de 14 mil millones de pesos. Del saqueo de reservas son ocho mil millones de pesos que ya todo mundo sabe y que reconoce el propio gobernador y el propio gobernador dijo que en algún momento determinado iba a ver cómo pero que se iba a pagar esa deuda, que se iba a restituir esos ocho mil millones cuando menos, esa es una información que tiene que ser pública”.