Aunque la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el outsourcing puede tener un fondo positivo para combatir la evasión fiscal, desaparecer ese esquema de contratación afectaría la productividad en las cadenas de valor globales, desincentivaría la inversión y ocasionaría pérdida de empleos formales, advirtieron expertos del sector privado.

Tras la polémica generada por la extinción de 109 fideicomisos, el Presidente anunció que emprenderá una nueva campaña que ocasionará una nueva confrontación.

Durante la conferencia mañanera dijo que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer a por lo menos seis mil empresas de subcontratación que generan cinco millones de empleos formales y que según datos oficiales, representarían una evasión fiscal por 21 mil millones de pesos.

“Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo (outsourcing) desaparezca. Va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción”, señaló.

El mandatario, quien avisó a principios de octubre que ya trabajaba en esa propuesta, subrayó que la práctica afecta a la Hacienda Pública y el desarrollo del país.

“Esas reformas que hicieron (para permitir el outsourcing) tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicara a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, al Infonavit. ¿Qué sucedió? Que abusaron”, remarcó.

Más tarde, en la conferencia de prensa sobre programas sociales, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que “ a pesar de los operativos y la estrategia que ha mantenido el Gobierno desde el día uno para atacar los abusos de la subcontratación, lo cierto es que el monstruo de mil cabezas persiste y los abusos persisten; por lo cual tenemos que atenderlo y se estará presentando una iniciativa”.

Indicó que de las 4.5 millones de personas que están en un esquema de subcontratación, 2.9 millones estarían en un esquema ilegal.

Advierten riesgos
Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), aseguró que la postura manifestada por el presidente “es un poco radical”, además que no consideró revisar aspectos ligados como el reparto de utilidades y sus consecuencias en las cadenas de valor que subcontratan personal en “picos” de producción.

“Posiblemente se afectaría la productividad y las cadenas de suministro, hay que recordar que la integración comercial con nuestros socios se mueve así; desaparecer la subcontratación en empresas con producción ligada a Estados Unidos o Canadá podría generar ciertos desajustes en la cadena de suministro”, sostuvo.

Carlos Ferran, socio director de Ferran Martínez Abogados, aseguró que desaparecer el esquema “puede traer complicaciones como generar enormes desincentivos para la inversión; la carga social en México es alta y la subcontratación a veces es la única forma de operar, lo que se necesita es que haya inspección laboral y se castigue a los que incumplen y evaden al fisco”.

La Coparmex se pronunció en contra de eliminar el outsourcing, “al prohibirlo se perderían empleos legítimos debidamente remunerados que impulsan la recuperación económica. Estamos en contra de una reforma legal que prohíba la subcontratación laboral que sí cumple con todos los estándares legales".

Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, señaló que “las empresas de outsourcing evasoras son las que se deben de prohibir. Hace falta que el fisco entre con todo en el sector, si ya tiene a algunos en la mira, pues debemos de saber esos casos porque muchas empresas están viendo que no pasa nada”.

Con información de Leticia Hernández.