Adriana Fuentes, activista de Equifonía, señaló que las autoridades sanitarias podrían incurrir en un incumplimiento de su deber legal al no reportar casos de abuso sexual en niñas y adolescentes que llegan a los hospitales con embarazos.

En entrevista, la activista e integrante de la organización Equifonía, destacó la importancia de la participación social en la denuncia de casos de abuso infantil y señaló que las autoridades sanitarias podrían estar faltando a su responsabilidad legal al no denunciar casos de abuso sexual en menores de edad que llegan con embarazos a hospitales y centros de salud.

Fuentes hizo un llamado a las autoridades sanitarias y escolares para no normalizar situaciones en las que niñas de entre 9 y 15 años estén embarazadas, muchas veces producto de relaciones con "parejas" que les doblan o triplican la edad.

La activista, señaló que en lo que va del año, la Asociación Civil ha registrado 15 casos de asesorías, canalizaciones y acompañamientos legales a niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas que han enfrentado situaciones de violencia sexual.

Fuentes recordó que el embarazo en niñas es un claro síntoma de violencia sexual, por lo que debe ser tratado tanto en el sector salud como en las instancias de procuración de justicia.

En este sentido, resaltó que las estadísticas revelan que muchas menores llegan en el tercer trimestre de embarazo y urgió a los médicos y médicas a no normalizar estos embarazos a temprana edad.

"Todos los embarazos en menores de 15 años son producto de un delito. Las autoridades deben dar parte a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que es probable que la familia sea omisa o cómplice del agresor", advirtió Fuentes.

Por último, planteó que las sanciones contra las autoridades que no reporten embarazos en menores deben ser proporcionales al incumplimiento de un deber legal.