Un grupo de víctimas de robo de vehículos y repartidores de motocicletas se manifestaron este lunes frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar abusos presuntamente cometidos por empresas de grúas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la propia Fiscalía.

Los afectados quienes han sido víctimas señalan que, al recuperar sus vehículos, también están obligados a pagar altas sumas para retirarlos de corralones concesionados.

Según sus testimonios, la Fiscalía envía los vehículos robados y recuperados a corralones privados en lugar de sus propias instalaciones, lo cual incrementa considerablemente los costos de liberación para los propietarios.

Uno de los manifestantes, un trabajador de mantenimiento de inmuebles, relató su experiencia: “Me robaron y debo pagar casi 11 mil pesos”, explicó. La camioneta del afectado fue robada en septiembre y, tras semanas de trámites, fue remitida a un corralón privado, donde se le exigió el pago de 10 mil 600 pesos para su liberación.

“Vengo a la Fiscalía para que ellos se hagan cargo de este pago, porque era su obligación llevar mi camioneta a su corralón”, señaló el trabajador, quien tuvo que pedir prestado el dinero para recuperar su vehículo.

Por otro lado, repartidores de motocicletas denunciaron que elementos de la SSP y la policía vial llevan a cabo detenciones arbitrarias sin causa justificada. Los manifestantes aseguraron que las tarifas de liberación han representado un costo elevado, llevándolos incluso a endeudarse.

Por eso está razón, exigieron a las autoridades que asuman la responsabilidad de estos pagos, argumentando que, al ser víctimas de delitos, no deberían verse obligados a cubrir montos tan elevados para recuperar sus herramientas de trabajo.