El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán se opuso a la propuesta del gobierno para que el juez de la corte de Nueva York seleccione un jurado que permanecería en el anonimato y que estaría protegido por motivos de seguridad.

En una moción enviada este martes al juez de la corte del distrito este de Nueva York, el abogado Eduardo Balarezo argumentó que presentar a Guzmán como un sujeto peligroso del que deban ser cuidados los miembros del jurado afectaría su presunción de inocencia.

La petición de Balarezo fue ingresada luego de que, en una moción, que no es pública, el gobierno aparentemente solicitara al juez Brian Cogan que seleccionara un jurado que permaneciera en el anonimato tanto para Guzmán como para su defensa.

De acuerdo con el abogado, esto impediría que las partes puedan investigar a fondo y cuestionar las actitudes y los prejuicios de posibles jurados.

En ese sentido, el letrado propuso que el jurado sea solamente inaccesible para Guzmán y para medios de comunicación, además de que consintió en que el juez emitiera una orden que prohibiera contactarlos.

Asimismo, el gobierno pidió que los miembros del jurado fueran transportados desde y hacia la corte con elementos de seguridad, además de que solicitó que mantuvieran esta protección dentro de los tribunales.

Finalmente, Balarezo también solicitó que los miembros del jurado fueran mantenidos en aislamiento parcial, lo que significa que serían retirados de la corte en cada receso durante el juicio.

Consideró que los argumentos presentados por la fiscalía para que el juez consienta a esas medidas están basados enteramente en noticias de prensa y testimonios de testigos a los que se ha ofrecido un trato para reducirles la sentencia.

De acuerdo con Balarezo, estas medidas crearían la impresión extremadamente injusta de que “El Chapo” es una persona peligrosa de quien el jurado debe estar protegido.

El juicio de Guzmán, quien ya fue sentenciado en México por tráfico de drogas, está programado para iniciar en septiembre en Nueva York, donde enfrenta 17 cargos por importar y distribuir cientos de toneladas de drogas en Estados Unidos.
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