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Se pide que se cumpla con la ley tanto en clínicas y hospitales del sector salud como en instituciones como el IMSS e ISSTE quienes se niegan a brindar el servicio.
Piden que la interrupción legal de embarazo (ILE), sea atendido como un problema de salud pública
Por: Osiris Muñoz
2023-07-17 - 14:13:05 / Xalapa, Veracruz

/ Osiris Muñoz

A dos años de la Despenalización del Aborto en el estado de Veracruz, organizaciones de la sociedad civil de diferentes puntos del estado, exigieron que la interrupción legal de embarazo (ILE), sea atendido como un problema de salud pública dentro del sector salud.


 


Las integrantes de la Red de Mujeres Feministas señalan que el aborto fue despenalizado por las acciones de la sociedad civil, por lo que se pide que se cumpla con la ley tanto en clínicas y hospitales del sector salud como en instituciones como el IMSS e ISSTE quienes se niegan a brindar el servicio.


 


"En Veracruz, mujeres, niñas, adolescentes, con capacidad de gestar en edad reproductiva son derechohabientes del IMSS e ISSSTE, quienes enfrentan obstáculos para acceder a un aborto seguro, escudándose en la supuesta falta de reforma al Código Penal Federal, pasando por alto la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual constituye precedente obligatorio para todo el país", dijo Martha Mendoza de la Red de Mujeres feministas.


 


Asimismo, señaló que en el 2020 tasa de fecundidad fue en adolescentes de 15 a 19 años, dónde el Estado concentro el 50% de estos embarazos lo cual requiere de estrategias específicas de prevención de violencia sexual.


Ante dicha emergencia, las diferentes organizaciones piden que se garantice a las mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar el acceso al aborto seguro y gratuito en las instituciones públicas como IMSS, ISSSTE y en los servicios de salud de las entidades federativas


Agregado a ello, que se garanticen las políticas públicas señaladas en la acción de inconstitucionalidad 148/2017 emitida por la SCJN, en la que se establece de forma clara que el Estado debe diseñar políticas públicas encaminadas a fortalecer la educación sexual de calidad y científica y la garantía de que el acceso al aborto en las instituciones de salud pública sea de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita, y no discriminatoria.

 
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