La confrontación entre los poderes de la Unión escaló al punto en que, en franco desafío, el presidente López Obrador emitió un decreto presidencial que ignoró una resolución de la Suprema Corte que lo obligaba a transparentar las obras insignias de su administración, al tiempo que arreció la andanada de descalificaciones contra los ministros del máximo tribunal y en particular contra su presidenta Norma Piña. Fue “una chicanada” del mandatario, juzga el investigador Jesús Garza Onofre, en referencia a que actualmente el INAI está imposibilitado para impugnar el nuevo acuerdo presidencial, pues no tiene quórum legal para hacerlo y es el único organismo legitimado para ello.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La tensión entre los tres poderes de la Unión por las declaratorias de inconstitucionalidad desde el máximo órgano del Poder Judicial de actuaciones del Ejecutivo y el Legislativo para favorecer al proyecto de la llamada Cuarta Transformación se incrementó la semana pasada en razón de unas comunicaciones por WhatsApp enviadas por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y por la decisión de la Presidencia de la República de pasar por alto una resolución del máximo tribunal.

En menos de un mes, la Suprema Corte ha fallado en tres ocasiones al hilo en contra del Ejecutivo. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha arreciado sus críticas a los ministros que han votado en su contra y, en un movimiento considerado entre los abogados como “chicanada”, el pasado jueves 18 emitió un decreto para desautorizar el más reciente fallo de la SCJN que lo obligaba a transparentar las obras insignias de su gestión.

A la tirantez se sumó una confrontación de la ministra Piña con el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier.

Sin medir las consecuencias, la cabeza del Poder Judicial de la Federación dejó a un lado la comunicación institucional cuando la noche del martes 16 se dirigió a Armenta en términos que el político poblano consideró intimidatorios.

Pasaron más de 24 horas sin que el área de comunicación del máximo tribunal respondiera a los graves señalamientos. Ninguna reacción salió de la oficina de la ministra presidenta, ni de los nuevos responsables de comunicación social de la Corte.

WhatsApp privados

Promotor de la “democratización” de la Corte con la elección de sus ministros mediante el “voto popular”, tal como lo quiere el presidente López Obrador, Armenta convocó a una conferencia el miércoles 17 para informar que la ministra Piña le había enviado mensajes intimidatorios vía WhatsApp.

Tras exhibir una serie de mensajes intercambiados con la ministra, informó que envió un escrito a la Corte y a la presidenta para verificar tales comunicaciones.

“Recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal”, dijo.

Por ello, solicitó a la ministra presidenta que, bajo protesta de decir verdad, aclarase los hechos.

En los mensajes mostrados por Armenta, la ministra Piña le indicó que los comentarios que realizaría eran estrictamente personales, pero los sostendría en público.

“Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”, le cuestionó.

En la conversación, el senador pregunta a la ministra si tiene la calidad moral para cuestionarlo sobre ello, posteriormente la retó a hacerlo en público y no escudarse en su cargo.

Al reprocharle que el comentario fue intimidatorio, la ministra Piña rechazó que fuera intimidante y le respondió que sólo fue “un comentario de corazón”.