“El Inai es, ha sido y seguirá siendo incómodo para el poder, la razón es muy simple: el Inai no trabaja para complacer a los gobernantes, al contrario, está para defender la verdad pública, está para defender a las personas de las autoridades cuando éstas les niegan el legítimo derecho a saber de la vida pública”, afirmó Ibarra Cadena.

Por otro lado, el comisionado Adrián Alcalá Méndez calificó como preocupante que el Instituto siga sin poder resolver las más de 3 mil quejas acumuladas a la fecha, instando a que estos derechos “no deben de quedar cooptados por intereses políticos, ni partidistas”, pues son derechos que han sido conquistados por la sociedad mexicana.

“México necesita ser un país de instituciones, y no de personas. Las funciones que tutela y realiza este Instituto no pueden ni deben de ser realizadas o sustituidas por ninguna dependencia o entidad que forme parte del poder ejecutivo o federal, o por alguna autoridad del poder legislativo, ya que esto implicaría ir en retroceso de los derechos que tiene el deber de proteger”, preciso el comisionado.

Bajo esta línea, dijo que la creación del Inai no fue un “capricho o ocurrencia”, sino que “es el resultado de años de análisis y reclamos sociales“, siendo un puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno, que permita empoderar a las personas y la recuperación de la confianza de estas hacia las autoridades.

Por su parte, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas resaltó que la desaparición del Instituto implicaría el retroceso de tres décadas a un país autoritario y sin democracia. Detalló que son falsos los señalamientos que se han hecho hacia el Inai, como el hecho de que ocultan información o que han permitido la corrupción en sexenios anteriores.

Reiteró también las funciones de Inai, siendo responsables de vigilar que las instituciones públicas entreguen la información pública solicitada, contribuyendo “a que el periodismo pueda hacer investigaciones como la Casa Blanca y, hoy, las irregularidades en Segalmex“. De igual manera, volvió a citar las facultades que por la Constitución y las leyes no tiene, como “meter a la cárcel a funcionarios corruptos“.