El periodo de seis meses para investigar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, se terminó sin que la Procuraduría General de la República (PGR) pidiera una prórroga de la investigación. Sin embargo, los abogados sí la solicitaron, por lo que el juez del caso analiza ahora si hay justificación para concederla o no.

Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que el juez Gerardo Moreno recibió una notificación formal de la defensa el pasado fin de semana, en la que pedía que el 22 de enero no se cerrara el plazo de investigación complementaria y que, por el contrario, se ampliara por otros seis meses. El Ministerio Público, por su parte, no hizo ninguna manifestación por lo menos hasta las 19:00 horas del lunes.

De acuerdo con el artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales la “prórroga de la investigación complementaria” es un recurso “excepcional” que pueden solicitar el Ministerio Público, la víctima o el imputado, siempre con la finalidad de “lograr una mejor preparación del caso”.

Aunque el código nacional no señala expresamente que la solicitud de ampliación del periodo de investigación deba concederse en una audiencia, las autoridades judiciales consultadas señalaron que la intención del juez es que sea hasta la audiencia del próximo 31 de enero cuando se determine si se concede o no dicha ampliación.

El juez del caso tiene la facultad de determinar no solo si concede o no la prórroga de la investigación sino a su vez el plazo que puede ser menor a lo solicitado.

En el caso de que la prórroga no fuera concedida se procedería con el inicio de la etapa intermedia del proceso contra Duarte y el descubrimiento de las pruebas, siguiendo una ruta que especialistas del nuevo sistema penal ya definieron y fue publicada por este portal.

Pruebas bancarias, claves en el caso

De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, las pruebas bancarias que la PGR habría obtenido durante el periodo de investigación complementaria y otros datos más de la índole que está por recibir, son el motivo por el cual la defensa decidió solicitar una prórroga en la investigación.

El pasado 18 de enero, el juez Gerardo Moreno confirmó que los fiscales de la Procuraduría le solicitaron que autorizara como pruebas datos bancarios verificados de forma conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicha resolución fue aplazada para el próximo 31 de enero, debido a que los abogados defensores no fueron notificados con anticipación de esta solicitud, ni de la audiencia para resolverla.

Cabe recordar que originalmente la PGR había reportado que contaba con 82 datos de prueba para sostener su acusación en contra de Javier Duarte, entre ellos operaciones bancarias no solo realizadas en México, sino también en Europa y específicamente en Suiza.

Casos pendientes, aún sin fecha

Además del proceso iniciado por la PGR, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte enfrenta otras dos acusaciones más promovidas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, y por las cuales también se autorizó su extradición a México el año pasado.

Originalmente dichos procesos deberían de haberse llevado a cabo ante jueces de control locales, en el estado de Veracruz, sin embargo los abogados ganaron una demanda de amparo, en la que se ordenó que fueran jueces locales de la Ciudad de México los que dieran seguimiento al proceso. Esto ya que Javier Duarte se encuentra preso en el área de observación del Reclusorio Preventivo Norte.

Hasta ahora no se han programado todavía fechas para las audiencias iniciales del caso en algún juzgado de la Ciudad de México. Se había previsto que estas arrancaran antes de que concluyera enero, pero hasta ahora no hay una cita programada y confirmada.

Los procesos que no han iniciado en contra de Duarte son por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición. De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, el exgobernador incurrió en ellos al haber desviado 200 millones de pesos destinados a la Comisión de Agua del Estado, y al haber utilizado un helicóptero oficial cuando ya no estaba en su cargo.