El Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, no puede ejecutar las 19 acciones programadas para lo que fue creado, porque hasta el momento la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Rebeca Quintanar Barceló en calidad de secretaria técnica ha sido omisa ante sus obligaciones.

 

Así lo reveló, José Arturo Acosta Hernández integrante de dicho Consejo, quién informó que ante dichas arbitrariedades, y después de agotar el diálogo con la funcionaria, se determinó  interponer una queja en contra de Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF Estatal y secretaria técnica del Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad de Veracruz, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz. 

 

“Respecto a mi intención de acercarme directamente con la directora del DIF Estatal, en una ocasión me apersone en sus oficinas, estoy seguro que sí estaba, pero su agenda no me permitía atenderme porque ya tenía varios compromisos que atender, por lo que les pedí que me dijeran cuando podía verla, deje mis teléfonos, pero nadie se ha comunicado conmigo para poder verla”. 

La razón de dicha queja es debido a que aún no se ha citado a reunión de nuestro Consejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52, fracc. III, de la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz, donde se establece que es atribución del secretario técnico del Consejo convocar a sesión a los integrantes del Consejo, manifestó .

 

La importancia del Consejo para las personas con discapacidad radica en que es un órgano de consulta, asesoría, planeación, fomento y supervisión de las acciones, estrategias y programas que lleven a cabo las Entidades y Dependencias del Estado y los Municipios del Estado de Veracruz, en cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz.

Cabe señalar que de  acuerdo con la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, entre sus atribuciones se encuentra la aprobación del diagnóstico estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Programa Estatal, así como los lineamientos para integrar y operación del Registro Estatal de Información de las Personas con Discapacidad.

 

Dicha base de datos contendrá indicadores cualitativos y cuantitativos para identificar los distintos grupos de personas en el estado de acuerdo con el tipo de discapacidad, acorde con los criterios de la Organización Mundial de la Salud. El DIF Estatal expedirá una credencial de identificación para quienes queden inscritos, la cual tendrá validez estatal.

 

Sin embargo, dichos trabajos se encuentran detenidos por falta de reuniones, las cuales deben encabezar 10 secretarios, un representante del Congreso del Estado, un representante del Poder Judicial, un representante de la UV, un representante de la Sociedad Civil y seis personas con discapacidad.