La madrugada de este miércoles, la bancada de Morena y sus aliados aprobaron una serie de reformas a leyes secundarias en materia electoral, que integró el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador con otras propuestas surgidas desde las bancadas del PT y PVEM, sin embargo, previamente se rechazó la propuesta constitucional. Lo anterior ha generado una serie de dudas sobre los cambios que se hicieron el Sistema Electoral del país.

Lo que no se aprobó

La iniciativa que el Primer Mandatario envío a San Lázaro desde el pasado mes de abril, quedó desechada, pues a pesar de que logró 269 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 225 en contra del PRI, PAN, PRD y MC, no logró la mayoría calificada de 333 votos que se requiere para modificar la Constitución.

Así, quedó fuera la propuesta de cambiar de nombre al Instituto Nacional Electoral (INE) por Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC); reducir el número de diputados de 500 a 300; reducir el número de senadores de 128 a 96; elegir a los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante voto popular; y recortar el número de consejeros de 11 a siete.

También se eliminó la posibilidad de quitar el financiamiento público a partidos políticos cuando no haya campañas electorales; disminuir la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para que sea vinculante; y eliminar a los órganos electorales locales.

Lo que sí se aprobó

Dos iniciativas de reforma a leyes secundarias que envió este martes el Ejecutivo Federal, pero que después Morena hizo suyas y subió bajo sus siglas con algunas modificaciones.

El también conocido Plan B, modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); la Ley General de Partidos Políticos (LGPP); la Ley General de Comunicación Social; y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Entre las propuestas presidenciales que se avalaron destaca extinguir dos fideicomisos del INE que tienen un saldo superior a los 1, 030 mdp; prohibir al INE la creación de nuevos fondos o fideicomisos; Prohibir al INE contratar seguros de gastos médicos mayores o esquemas similares; crear el Sistema Nacional Electoral (SNE) integrando estructura del INE y estructura de OPLs.

También se aprobó fusionar y compactar diversas direcciones ejecutivas; establecer que los consejeros electorales no podrán ganar más que el Presidente de la República; normal la operación permanente de 260 consejos distritales, y 300 solo en periodos electorales; obligar a diputados a separarse del cargo para buscar la reelección; modificar el calendario del proceso electoral para compactar procesos; así como eliminar dos Salas Regionales que no entraron en funciones, y la Sala Regional Especializada del TEPJF.

Adicionalmente se estableció que será susceptible de infracción, el partido o candidato que difunda propaganda política o electoral "que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de éstos"; garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, y el de las personas con discapacidad en estado de postración; así como facilitar el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet, y la presentación de pasaporte o matrícula consular.

Los agregados que también se aprobaron

En las reformas aprobadas la madrugada de este miércoles, se agregaron diversos artículos a petición de las bancadas del PT y del PVEM, entre las que destacan facultar a los partidos para transferir votos cuando vayan en Coalición; mantener el registro nacional con solo conservar el registro local; recibir financiamiento en las entidades con solo conservar el registro nacional, aún si perdió el registro en el estado; además de permitir a los partidos utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales y para la elección federal o local siguiente.

Se agregó un impedimento para que “en ningún caso", el INE o el TEPJF puedan emitir nuevos criterios, lineamientos o acuerdos que modifiquen las reglas del proceso electoral una vez que haya iniciado.

Además, la Autoridad Administrativa Electoral estará obligada a notificar al Honorable Congreso de la Unión de los temas en donde haga falta emitir leyes que se requieran, reformar, adicionar o derogar porciones normativas para adecuar y mejorar las leyes en la materia: “Esta notificación deberá realizarse por lo menos, ciento ochenta días antes del inicio del proceso electoral”.