Sin mencionar de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador o a Morena, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Reyes Rodríguez, se manifestó ayer contra la propuesta de que los jueces y magistrados electorales sen electos por voto popular y defendió el actual sistema de mérito dentro del Poder Judicial.
“No es una buena idea o por lo menos la evidencia demuestra que no es la mejor alternativa que las y los jueces de ultima instancia, o en particular ninguno, pues sea electo por el voto popular. También los estudios empíricos en Estados Unidos muestran que el efecto no es el esperado”, dijo ayer durante la inauguración del X Congreso Internacional de Ciencia Política en Mérida.
“La ruta correcta, aunque podemos siempre cuestionarla y replantearla, es que el diseño institucional tiene que regirse por un ingreso basado en el mérito, en ascensos en la carrera judicial, con condiciones de permanencia, de evaluación, por supuesto”, señaló Reyes Rodríguez.
Reyes citó el caso de Ecuador, en donde ha habido elección de jueces, pero no se alcanzó la legitimación que tanto se discute. Y recordó que para el Poder Legislativo, su legitimidad viene del voto, pero el del Poder Judicial de sus fallos y decisiones. En Ecuador, dijo, la participación para este tipo de elecciones ha tenido una bajísima participación ciudadana.
"Es controversial o cuestionable que ese modelo adquiera el nivel de legitimación que se busca a través del voto popular."
“Entonces, si bien los jueces pueden llegar a ser designados a través de procesos de votación, es importante atender que aunque parezca una obviedad, pero bueno la investigación empírica sí lo demuestra, los poderes fácticos que pueden intervenir o participar en los procesos de designación, ya sea los partidos políticos o las empresas, pueden llegar a capturar a través de impulsarse estas carreras judiciales, después capturar incidir en la toma de decisiones”.
El presidente López Obrador y Morena han pugnado porque los jueces, magistrados y consejeros electorales sean electos por voto popular, bajo la lógica de que su designación no debe ser producto de pacto entre las fuerzas políticas.
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