Un revés al alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos dio un juez federal de distrito al otorgar un amparo provisional para evitar el desalojo de las iglesias cristianas del inmueble que albergaba Icinemas.

En entrevista el abogado Adrián García Rodríguez dio a conocer que el acuerdo del 6 de abril de 2022 del Juzgado Décimo Sexto Juzgado Federal con residencia en Córdoba, relativo al juicio de amparo 262/2022-3-A promovido por Carlos Hernández Aburto contra de actos del presidente municipal del ayuntamiento de Orizaba, Juan Manuel Diez y otras autoridades se determinó conceder la suspensión provisional, "para efectos de que Carlos Hernández Aburto le sea restituido en la posesión material del inmueble y de estarse realizando obras tendientes a contribuir en dicho predio o modificar el terreno, así como transmitir su posesión o propiedad a terceras personas, dichos actos cesen".

Fue el juez XVI de Córdoba, Mauricio García Ayala quien determinó fallar a favor de los ministros religiosos.

El abogado dio a conocer que se ha solicitado a la autoridad correspondiente, que es el Ayuntamiento entregue en forma pacífica el inmueble a sabiendas, de que de no hacerlo constituye desacato a una orden judicial con las agravantes de rebeldía y desobediencia.

Asimismo se expuso que el ministro que tramitó el amparo así como otros seis que mantenían sus reuniones dominicales y entre semana en este lugar, estaban de manera legal en el predio, toda vez que tenían un contrato de comodato expedido por el propietario del mismo, Roberto Ruiz Martínez.

Tras ese derecho constitucional, el togado expuso que el Ayuntamiento violó los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el fallo se expone que se deben suspender las actividades de obra que se realizan en el predio por parte del Ayuntamiento, además apuntó que el 18 de abril el departamento jurídico ya contestó la notificación que se hiciera sobre la concesión del amparo, y será la autoridad quien resuelva.

"Hay desacato de parte de la autoridad municipal, porque no han regresado la posesión ni han dejado de hacer obras en este terreno".

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo, la Policía Municipal acudió a desalojar a los ministros de culto sin presentar algún documento que avalara que el Ayuntamiento ya se había adjudicado este predio.

De la misma manera se reveló que se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía contra quien resulte responsable por el desalojo del edificio de Icinemas ubicado en Norte 4 número 1415 entre Oriente 27 y 29.

La denuncia quedó radicada en la carpeta de investigación 338/2022. "Esta denuncia sigue vigente y es contra todo aquellos funcionarios públicos o autoridades municipales que actuaron sin respetar el debido proceso".

Se precisó que las autoridades de procuración de justicia serán las que finquen responsabilidad, toda vez que no se respetó el debido proceso.

"Nunca fuimos notificados, nunca hubo en nuestras manos la orden de un juez para desalojo, es decir no se respetó el debido proceso y se violaron los derechos de los ciudadanos mexicanos en este caso los orizabeños", expresó el pastor Daniel Quiroga.

Agregó que no se puede justificar la prosperidad de una ciudad en el detrimento de algunas personas, "por lo tanto los servidores públicos para eso se contrataron: para servir a la población".

Por ello dijo: al conocer sus derechos ciudadanos y recordar que hay leyes y las instancias procuradoras de justicia, procedieron a interponer el 11 de marzo esa denuncia penal, pues fueron afectadas asociaciones religiosas que se reunían en ese predio.