El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que su administración presentará denuncias penales en contra de ex funcionarios de gobiernos anteriores, quienes pudieron haber simulado una defensa, dentro de las demandas para el cobro de las deudas que mantiene la entidad.

En conferencia de prensa, junto al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, el mandatario no descartó que ex servidores hayan hecho negociaciones "por debajo de la mesa" para dejarse ganar algunas demandas, afectando las finanzas públicas de Veracruz. 

“Hubo un manejo de simulación en la deuda. Vamos a implementar denuncias penales contra funcionarios de la administración anterior y la de Javier Duarte por haber simulado tipos de deuda y no haber defendido al Estado de demandas”, planteó. 

Mediante la muestra de un dispositiva, el gobernador explicó que actualmente el Gobierno del Estado tiene deudas calificadas como: cuentas de orden, la cual al llegar a la administración estatal era de 27 mil 553 millones, sin embargo, a tres años de su gestión lograron disminuirla en 5 mil 730 millones de pesos.

También se mantiene otra deuda por 59 mil 654 millones de pesos, de esa el gobierno ha logrado pagar sólo 6 mil 300 millones.

"Pensamos que algunos funcionarios probablemente se dejaron ganar con demandas muy simples, con un entendido bajo la mesa de pago, que ha estado sucediendo que ahora y nos envían una sentencia para ya pagar".

Y es que precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido sentencias de pago al gobierno de Veracruz, 

aunque su gobierno no tiene la certeza de que se haya entregado la obra o el servicio. 

“En sentencias de la SCJN nos exigen el pago y tenemos duda si en algunos casos si el servicio realmente se prestó, porque no se pidió en el momento la supervisión efectiva del servicio u obra, porque no se cubrieron todos los pasos o requisitos para defender al estado y eso es obligado". 

Declaró que las denuncias se van a interponer ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin descartar que las puede atraer la Fiscalía General de la República (FGR).