La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionó de manera virtual para conocer el escrito de queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales, desde el día 13 de febrero, del comunicado titulado GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN, en apoyo al Presidente de la República en el contexto del actual proceso de Revocación de Mandato, asimismo, solicitó se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro.

La Comisión dictó la procedencia de las medidas cautelares al advertir que, en apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso.

La Comisión, en un análisis cautelar, determinó que el documento versa sobre propaganda gubernamental que se difunde en periodo prohibido -desde el 4 de febrero de 2022 y hasta la conclusión de la jornada que tendrá verificativo el 10 de abril- ya que el documento, además de resaltar aspectos personales y la manera en que gobierna el Presidente de México, tiene como temática central y preponderante señalar y difundir logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, por lo cual el justificado de la medida cautelar.

La Comisión concluyó que, a partir de una perspectiva preliminar, el comunicado encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental al acreditarse que quienes suscriben el documento son personas servidoras públicas del más alto nivel y responsabilidad en sus respectivas entidades federativas y al hacer referencia a una serie de logros, acciones y medidas gubernamentales.

El INE acordó ordenar a las personas titulares del Poder Ejecutivo Local denunciadas que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración, a las y los titulares estatales. 

En cuanto a la tutela preventiva correspondiente a ordenarle a todos los involucrados se abstengan de seguir realizando actos similares se declaró improcedente, pues se trata de hechos futuros de realización incierta.

INE realizó un llamado a las personas servidoras públicas para evitar difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido

La Comisión de Quejas y Denuncias emitió un pronunciamiento que tiene como destinatarios a las personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno, para que en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales; por una parte, para respetar la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten incluir en comunicaciones o mensajes oficiales durante el desarrollo del proceso de Revocación de Mandato y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana.

Para tal efecto, advirtió que estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrolla el proceso de Revocación de Mandato, de manera particular, de vigilar a las personas servidoras públicas quienes deben tener un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emiten, de manera individual o conjunta, que puedan derivar en una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con dicho proceso.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.