Los planes de la Secretaría de Energía (Sener) chocaron de frente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos argumentos en contra de su llamada Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico publicada en mayo de 2020, podrían abrir más brecha para reclamos hacia el más reciente proyecto de reforma eléctrica.

La Corte publicó el miércoles en el Diario Oficial de la Federación la sentencia en la que declara la inconstitucionalidad de la política de confiabilidad de Sener −el llamado ‘Decreto Nahle’−, con la que el Gobierno Federal buscaba dar prioridad al despacho de energía generada por plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con combustibles fósiles.

La sentencia responde a la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en junio de 2020.

El documento de la Corte subraya, entre otros aspectos, la manera en la que la política de confiabilidad podría bloquear el establecimiento y desarrollo de centrales de energía renovable, sobre todo eólicas y solares.

“(El decreto) constituye una barrera a la competencia y libre concurrencia, pues cancela la posibilidad de entrada al mercado de centrales eléctricas que operan con energía limpia”, apunta la sentencia.

Desde que se publicó el ‘Decreto Nahle’ en mayo de 2020, se señalaron las posibles afectaciones tanto a la libre competencia en el sector como al desarrollo de energías limpias. Sener y Presidencia aseguraron que no era el caso, mas esas declaraciones topan pared con la sentencia de la SCJN.

La Corte sentenció que el decreto “no favorece la sustitución de la producción de la energía eléctrica basada en fuentes fósiles por fuentes renovables”, hay riesgo de un golpe similar al proyecto de reforma.

Además, el máximo tribunal señaló las ventajas para México de que se fomente la competencia en el sector eléctrico, pues “lo cierto es que para que CFE esté en aptitud de generar mayor valor económico e incrementar los ingresos de la Nación es precisamente bajo una sana competencia en el mercado, recordando que para ello se requiere, entre otras cosas, crear y preservar condiciones de mercado que permitan que los prestadores de servicios puedan desenvolverse en un entorno de sana competencia y seguridad jurídica”.