El confinamiento por el COVID-19 dejó a niñas, niños y adolescentes en una mayor vulnerabilidad en sus derechos, con un menor nivel de aprendizaje educativo, un incremento de la violencia en su contra y con carencia de servicios de salud, advierte un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Coordinado por las investigadoras Nuria González y María de Montserrat Pérez, el análisis alerta que el 82 por ciento de los infantes no alcanza el aprendizaje esperado, indica que aumentaron hasta en 33 por ciento los abusos sexuales, acoso, maltratos y carecen de servicios básicos de atención médica.

Precisa que el contexto de este sector es que “el 63 por ciento de entre uno y 14 años de edad ha sufrido algún tipo de violencia, el 18 por ciento de los de menos de cinco años no tiene un nivel adecuado de desarrollo, el 33 por ciento de entre cinco y 11 años padece obesidad y sobrepeso, el 82 por ciento no alcanza los aprendizajes esperados y el 51 por ciento vive en situación de pobreza”.

Destaca que “en esta contingencia, en México se han registrado 115 mil 614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar”.

Además, “el número de reportes recibidos en marzo es 28 por ciento superior al de enero pasado y 22 por ciento mayor al de febrero. Sólo por casos de violencia de pareja, en marzo se recibieron 22 mil 628 llamadas, lo cual representa un incremento de 23 por ciento comparado con febrero y 33 por ciento más que lo reportado en enero”.

Expone que “antes de la epidemia, la evidencia mostraba que el hogar es, a menudo, el lugar más peligroso para una mujer y sus hijos. Se sabe también que seis de cada 10 personas de entre 1 y 14 años han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares, situación que ahora se agrava por el confinamiento”.

Otro frente es el de la atención médica oportuna y exponen, como ejemplo, que en Guerrero “en 503 unidades de salud en el estado no tienen drenaje, en 446 no hay agua potable, en 26 no hay energía eléctrica y en 16 faltan los tres servicios”.

“Es decir, 54 por ciento de las unidades de salud no tiene luz, en 50 por ciento no hay agua y en 1.72 por ciento no hay ningún servicio público”. Señala que “hay una evidente carencia de recursos humanos y espacios físicos para que se pueda atender a la población en los servicios médicos referidos, y en los servicios para la atención a la niñez como es la pediatría y la ginecoobstetricia se reportan cero recursos de salud”.