Con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, la iniciativa preferente de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada por la Cámara de Diputados en la madrugada de este miércoles.

Tras 16 horas continuas de sesión en el pleno de San Lázaro, Morena y sus aliados rechazaron 412 reservas o propuestas de modificación de la reforma -aunque muchas fueron presentadas y luego retiradas por los partidos de la mayoría parlamentaria-, y el dictamen se turnó de inmediato al Senado de la República para su discusión y votación en un plazo máximo de 30 días.

Tanto en la votación en lo general -304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones- como en lo particular, hubo votos en contra y abstenciones de Morena, PT y el PES. Sin embargo, en la maratónica discusión, legisladores de estos partidos -vestidos aún con sus camisolas azules de la Comisión Federal de Electricidad- rechazaron uno a uno los argumentos de la oposición de que aumentarán las tarifas de luz y que se afectará la libre competencia de las empresas privadas.

Morena, en voz de la diputada Dolores Padierna, expuso que “con la reforma energética, con esta Ley de la Industria Eléctrica que se aprobó en el 2014, ofrecieron bajar las tarifas, pero a partir de entonces comenzó una subida todavía mayor. En 2017 tuvo un pico de un crecimiento de 17 por ciento, con respecto al 2016. La tarifa entre 2014 y 2018 ha tenido el mayor porcentaje de crecimiento en toda la historia”.

Insistió en que “fue el presidente López Obrador, cuando llegó al gobierno, quien paró esa dinámica. Desde entonces las tarifas ya solamente se han actualizado conforme a la inflación. Y hoy esta iniciativa preferente habla de una figura nueva de contratos de entrega física de energía”.

Sobre la inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentó que primero “la Corte sólo ´le da el avión´ a la Comisión Federal de Competencia Económica, y decide que los generadores del mercado eléctrico mayorista deberán cubrir el costo asociado al incremento, conforme a lo establecido en las disposiciones administrativas y en las reglas de ese mercado que emita la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”.

“Es decir, están obligadas a pagar la tarifa ordenada por la Comisión Reguladora de Energía. Deben de pagar, eso lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, remarcó.

El panista Jorge Espadas refutó que “la iniciativa pretende eliminar las facultades de Comisión Reguladora de Energía (CRE). No podemos seguir avanzando en reformas retrógradas. México merece mucho más, por eso esta rancia cuatroté hay que mandarla a descansar ya”, dijo.

La priista Zoraya Pérez, de la Comisión de Energía, reiteró que “la aprobación de esta reforma, con la instrucción del presidente de no cambiarle una sola coma, es gravísima para el país. Eliminar el mercado eléctrico mayorista y regresar el monopolio a la CFE es un retroceso. Un monopolio aquí y en China es terrible”.

La Comisión de Energía “no recogió la opinión de la Comisión de Competencia, que nos recomendó no aprobar esta iniciativa ni las voces de alerta de los expertos en el parlamento abierto, de los riesgos en la economía, al medio ambiente y a la salud”, advirtió.

Los diputados de la 4T advirtieron que los permisos a privados en materia eléctrica obtenidos “con fraude a la ley” serán revocados por la CRE, de acuerdo con la nueva ley aprobada, aunque aún deben pasar por el Senado.

Manuel Rodríguez, de Morena y presidente de la Comisión de Energía, señaló los cambios en la redacción del artículo Cuarto Transitorio, que establecen que “los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, ´obtenidos en fraude a la ley´, deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo correspondiente. En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica”.

Y el Quinto Transitorio añade que “los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal establecido en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18 de la Ley General de Deuda Pública. En su caso, dichos contratos deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada”.

Aclaró también que “esta reforma de ninguna manera implica la concesión de un trato preferencial a la CFE en detrimento de los competidores privados del mercado eléctrico mayorista, que en 2020 tuvieron una participación del 60.6 por ciento y así continuará”.

Recalcó que “es falso que tenga la intención de impedir la libre competencia. El fondo de la iniciativa es recuperar la función rectora y de planeación del Estado en un área estratégica como la eléctrica, para garantizar la seguridad energética y la seguridad nacional. Es para construir un piso parejo para todas las empresas generadoras, garantizando la libre concurrencia y la libre competencia”.

Se busca “detener la sangría financiera de la CFE por los subsidios a los generadores privados, cuya factura es transferida a los contribuyentes y consumidores finales”, añadió.

El morenista Porfirio Muñoz Ledo -quien en lo general votó a favor de la reforma, pero en lo particular se ausentó de la sesión- criticó a los legisladores -sin señalar partidos- y dijo que “he escuchado con cuidado las exposiciones, a veces me han preocupado y en otras he controlado mi indignación. En realidad, no han estudiado muchos compañeros los problemas. No los han analizado, no los conocen. Hemos presenciado hoy un debate fundamentalmente escrito por asesores, no por diputados ni diputadas”.

“El problema que tenemos enfrente es extremadamente complejo. Tenemos un marco constitucional que tenemos que obedecer”, remarcó.