La coordinadora de Kalli Luz Marina, Lizett Hernández Cruz, reconoció que persiste la violencia institucional en agravio de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, debido a que las autoridades no le dan el seguimiento adecuado a sus casos.

Una clara muestra de ese nulo apoyo, es la reducción de presupuestos que hay desde la Federación para erradicar la violencia y disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres.

A eso se suma, la falta de personal especializado o cuando lo hay, falta sensibilización sobre el tema y hay poca voluntad para atender los casos con perspectiva de género y de derechos humanos.

Reconoció que si es difícil el acceso a la justicia y para las mujeres indígenas lo es aún más, pues hay una gran distancia entre sus comunidades y los distritos judiciales, lo que les impide estar acudiendo, pero además está también el tema económico, pues generalmente dependen totalmente de su pareja.

Otro factor que les complica la atención, es la lengua, pues muchas de ellas son monolingües, entonces es difícil que puedan acceder a la procuración de justicia cuando no hay intérpretes.

“Realmente creemos que es complejo que las mujeres indígenas den seguimiento a sus procesos y creemos también que complejo que ellas denuncien por varios factores que tienen que ver con factores sociales que en general son por el rezago social en que viven”.

La activista admitió que el problema se ha agravado durante esta pandemia, pues ha habido un aumento en la violencia de género y feminicidios y el cierre de los juzgados afectó.

Agregó que en medio de todo esto se da la reducción de presupuestos y eso también habla de la desatención de un problema de salud pública que están viviendo las mujeres y también de sus hijos, porque regularmente quien ejerce la violencia es el hombre adulto y no sólo se limita a su pareja, sino también a ellos, de ahí que sea necesario que las autoridades tomen conciencia de esto y corrijan las políticas en esta área.