El cambio de política de gobierno para el manejo del sector eléctrico, que incide en los criterios de despacho de la energía, implicaría para los mexicanos el pago de tarifas o impuestos más elevados, advirtió Óscar Ocampo, líder de proyectos de energía de Instituto Mexicano para la Competitividad.

“Esto elimina cualquier incentivo para la inversión privada en proyectos de generación, con efectos negativos tanto para el sistema eléctrico en su conjunto, como para la economía del país y para el bienestar de los mexicanos, que terminarán pagando el incremento en los costos del sistema ya sea a través de su factura eléctrica o a través de sus impuestos”, advirtió.

Destacó que el memorándum que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los órganos reguladores del sector energético en julio, donde les pide priorizar y fortalecer a Pemex y CFE, abona a un entorno de incertidumbre en detrimento de la competitividad.

“(Con el memorándum) estamos violando el T-MEC potencialmente, estamos violando la legislación nacional, los tratados internacionales en materia comercial y ambiental, como el Acuerdo de París”, comentó.

“La CFE produce energía significativamente más cara que los parques renovables y al mismo tiempo tendrá que comprar energía más cara, lo cual impactará en mayores tarifas en detrimento del bolsillo de los mexicanos, o mayores subsidios”, apuntó.

Con el memorándum se busca que deje de existir el modelo de electricidad basado en el criterio de costos y eficiencia, que opera el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Hasta ahora, las centrales se despachan de acuerdo con sus costos de generación. La última planta que genera y logra satisfacer la demanda es la que determina el precio que se le paga a todos los demás generadores.

El Ejecutivo propone que primero se despache a las hidroeléctricas, después las plantas de la CFE, luego las renovables y hasta el final los ciclos combinados de los productores independientes de energía.