El alcalde de Orizaba, Igor Rojí dijo desconocer la recomendación 152/20 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) luego de confirmar que los policías municipales sí ejecutaron a los hermanos Román y Ernesto Pérez, hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2018.

Por lo que la CEDH, solicitó al Ayuntamiento de Orizaba pagar una compensación a los padres de Ernesto y Román, la cual deberá contemplar: la reparación del daño moral; el daño emergente; y el lucro cesante ocasionado a las víctimas.

La CEDH sostuvo que en definitiva, no ha sido probado que los hermanos Román y Ernesto, hubieran incurrido en alguna conducta que ameritara el uso de la fuerza en su contra ni que en ese momento alguno de ellos hubiese portado o utilizado un arma de fuego para agredir a los policías municipales.

Asimismo, la defensoría incluyó en la recomendación 152/20 de la probable alteración de la escena del crimen de Román y Ernesto; y en donde sus cuerpos habían sido movidos y se les “sembró” un arma de fuego; esto igual lo notificó Servicios Periciales en su informe con fecha 2 de noviembre de 2018.

También recomienda realizar un reconocimiento público de responsabilidad con motivo de los hechos en los que elementos de la Policía Municipal privaron de la vida injustificadamente a Ernesto y Román, al mismo tiempo deberán ofrecer una disculpa pública a sus seres queridos.

Cuestionado sobre esa recomendación, el alcalde mencionó que “veremos en qué términos viene y obviamente con nuestros Departamento Jurídico contestaremos y veremos cuál es la situación que prevalece”.

De ello, Rojí López expresó que “los policías están cumpliendo su condena en el penal de Zongolica y de alguna manera que tenga que cumplir una sentencia, la tienen que cumplir”.

Y es que la CEDH, emitió la resolución el pasado 9 de septiembre de 2020, donde expuso que el Ayuntamiento de Orizaba no inició una investigación interna derivada de los hechos y por lo tanto violó el derecho a la seguridad jurídica de las víctimas.

Asimismo, expone el documento que existe una “probable alteración de la escena del crimen y una posible equivocación de los gendarmes municipales al momento de atacar a Román, posiblemente confundido con un delincuente”.

Cabe recordar que la madrugada del 1 de noviembre de 2018, elementos de la Policía Municipal iniciaron una persecución contra el conductor de una unidad y al llegar a la zona de la sur 41 abrieron fuego contra los dos profesionistas afuera de su domicilio en colonia Electricistas de Orizaba.

Un año después, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos determinó que la Policía Municipal disparó de manera injustificada contra los hermanos Román y Ernesto; pero también negaron proporcionar auxilio a la madre de las víctimas, quien pidió una ambulancia para socorrer a sus hijos.

Según la CEDH, la Policía Municipal no probó que la persecución y el uso de la fuerza letal contra las víctimas estuviera justificada, así tampoco que los policías municipales de Orizaba, Abraham “N”, Jesús “N”, Jaime “N”, Álvaro “N”, Marco Antonio “N” y Pedro “N” fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso y hasta el momento no han declarado en torno a los hechos, debido a que se han suspendido las audiencias.