La Suprema Corte de Justicia de México discutirá la próxima semana la despenalización del aborto, en una jornada histórica que puede sentar un precedente para avanzar en la legalización, dejar de criminalizar a las mujeres y reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho.

El 29 de julio es la fecha pactada por los magistrados que discutirán un amparo otorgado por un juez federal que ordenó al congreso de Veracruz, un estado ubicado en el golfo de México, a reformar el Código Penal local para dejar de penalizar a las mujeres que abortan.

La noticia la reveló el diario Reforma, el cual explicó que el ministro de la Corte Juan Luis González llegará a la sesión con un proyecto que establece que la prohibición y penalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud.

"Considerando las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y su evolución, las decisiones de la mujer durante el período de las primeras doce semanas del embarazo, previos al período fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal", agrega el escrito.

Para aprobar la despenalización, basta el voto de tres de los cinco jueces que integran la Sala Primera de la Suprema Corte. Aunque el fallo solo se refiere al caso de Veracruz, sentaría jurisprudencia para que el aborto deje de estar penalizado en todo el país.

La "mala fama" como agravante
El Código Penal que rige a nivel nacional en México se refiere al aborto en seis artículos, que establecen una pena de uno a tres años de prisión a quien ayude a una mujer a interrumpir su embarazo, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.

Si lo hace sin el aval de la mujer, la condena es de tres a seis años, y si mediara violencia física o moral se impondrán de seis a ocho años de prisión. Si el aborto lo causa un médico, cirujano, comadrón o partera, además de la pena a prisión se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

El artículo más polémico es el 332, que establece penas de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar. Pero si tiene "mala fama", si logró ocultar su embarazo, o si este es fruto de una unión legítima, la pena aumenta de uno a cinco años de prisión.

Lo que jamás define el Código Penal es la "mala fama".

Por otra parte, solo despenaliza el aborto si fue causado por "una imprudencia" de la mujer, si es producto de una violación y si la vida de la embarazada corre peligro.

A pesar de la rigidez de esta norma, los códigos penales se diferencian a nivel estatal. Los más avanzados son los de la Ciudad de México y Oaxaca, que ya legalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero los 29 estados restantes se resisten a despenalizar por completo y solo se diferencian en las causales para permitirlo sin imponer penas de prisión para las mujeres.

En Chiapas y Veracruz, por ejemplo, no hay condenas de cárcel para las mujeres que abortan, sino que se les imponen tratamientos y sentencias educativas, lo que de todas formas mantiene la criminalización. En Yucatán, un atenuante es la condición económica de las mujeres, ya que en condiciones de pobreza y con varios hijos a cargo pueden abortar, pero este derecho suele incumplirse, tal y como ocurre a nivel nacional en caso de una violación.

Además, en varios estados en lugar de avanzar ha habido retrocesos, como el caso de Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, Hidalgo y Baja California Sur, en donde durante los últimos años hubo intensos debates para reformar las leyes estatales para despenalizar el aborto que fueron frenados por el rechazo de grupos y legisladores conservadores que priorizaron sus convicciones religiosas.

Nuevo León incluso reconoció a nivel constitucional el derecho a "la vida desde la concepción", lo que cerró todavía más la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Ese mismo concepto rige en otros 21 estados, es decir, en la mayoría del país.

Este panorama cambiaría por completo si el próximo miércoles la Corte aprueba la despenalización del aborto, ya que las mujeres en lo particular y organizaciones en general podrían impugnar legalmente los códigos estatales que criminalizan una práctica que, de acuerdo con datos de organizaciones feministas, realizan alrededor de un millón de mexicanas cada año.