La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional emitida por la Secretaría de Energía (Sener), y ordenó la suspensión de todas las medidas contenidas en esta.

El pasado 22 de junio, la Cofece, dirigida por Alejandra Palacios, anunció que interpuso ese recurso contra las últimas medidas publicadas por Sener.

Con esto, busca que la Suprema Corte determine si la dependencia dirigida por Rocío Nahle tiene la facultad de emitir una regulación que ignore las facultades del organismo antimonopolios.

La suspensión estará vigente por el tiempo en que la Suprema Corte necesite para decidir si fallará a favor de Cofece.

“Se concede la medida cautelar solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Ele?ctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federacio?n el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”, señaló el ministro Luis María Aguilar.

Explicó que la medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente.

Destacó que con la suspensión decretada no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que la concesión de la suspensión traerá como efecto que se sigan aplicando las disposiciones que prevalecían con anterioridad.

La suspensión es de efecto general, es decir, aplica para todos los participantes del mercado eléctrico. Por ahora, todos los generadores de electricidad podrán seguir operando como hasta antes de que se publicara esta política.

Esta es la tercera suspensión que se dicta para detener las medidas contenidas en la política publicada por Sener. En las últimas dos semanas, dos jueces en materia de competencia concedieron la medida a las organizaciones ambientalistas Defensa Colectiva y Greenpeace.

La política de confiabilidad acumula 72 solicitudes de amparo por parte de compañías privadas y organizaciones.

Cofece presentó la controversia ante la Suprema Corte al considerar que, con la publicación de esta política, la Sener rebasó sus facultades e invadió la esfera competencial del organismo presidido por Alejandra Palacios.

El ente antimonopolios, explicó Palacios en una entrevista previa, también considera que la política de la Sener elimina la posibilidad de que el mercado eléctrico opere en condiciones de competencia, pues compromete el acceso no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, dificulta la entrada de nuevas compañías al mercado y da ventajas a algunos participantes.

La política de confiabilidad fue publicada en ‘fast track’ por Sener el 15 de mayo pasado sin pasar por el proceso necesario ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer).

La dependencia dirigida por Rocío Nahle busca ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas eólicas y solares, así como modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La Suprema Corte también desechó este lunes una petición de controversia constitucional presentada por el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, que buscaba frenar las últimas medidas del Gobierno federal en el mercado eléctrico.

En su cuenta de Twitter, la titular de la Sener aseguró que el gobierno federal respetará la decisión que tomó la SCJN este lunes.

"El Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético en México. El gobierno federal es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional", escribió.

La Cofece declinó dar comentarios.

Largo proceso
Abogados consultados explicaron que la decisión de la Corte al respecto podría demorar entre seis meses y un año, tiempo en el cual ninguna de las acciones contenidas en la política podrán ser puestas en marcha. Hasta ahora, la SCJN no ha designado qué ministro resolverá el caso de fondo.

Daniel Sánchez, socio en la práctica de energía de Baker McKenzie, dijo que “como se anticipaba, ante las impugnaciones que ha sido objeto la política desde su publicación —y ahora con esta suspensión— se ve difícil que pueda ser aplicada, por lo menos, hasta el último trimestre de este año”.

“Los amparos (contra la política de Sener) van a resolver esa vulneración, no los derechos de los quejosos, y la controversia va a resolver si el acto de autoridad en cuestión invadió o no las facultades de Cofece en este caso”, dijo Daniel Salomón, asociado del despacho jurídico González Calvillo.

Por su parte, Sánchez señaló que “la suspensión deriva del procedimiento de controversia constitucional que presentó Cofece, pero en paralelo y desde antes ya existían amparos y suspensiones provisionales otorgadas por los jueces federales. Esas suspensiones benefician solo a quienes presentaron amparo y les concedieron la suspensión, y se revisarán en tribunales colegiados. Esta suspensión se da por la Suprema Corte y se da con efectos generales, o sea, la política no aplica para nadie”.