A punto de la reapertura económica, la insistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de mantener un equilibrio fiscal, que implica renunciar a la contratación de deuda, pone freno a la recuperación de la actividad económica del país para 2021, sacrificando incluso su promesa de campaña de “primero los pobres”.

“Yo diría que insistir en un balance fiscal cero, en el equilibrio presupuestario, en momentos en que tenemos el choque adverso más extraordinario que ha sufrido el mundo, la globalización, la economía mexicana en décadas, es irresponsable. Es empujar al país al abismo y profundizar la recesión, es hacerla más prolongada y va a ir brutalmente contra los pobres. Es la medicina más incorrecta”, advierte en entrevista con Proceso Juan Carlos Moreno-Brid, investigador y profesor de economía en la UNAM.

El también exdirector adjunto y coordinador de Investigación de la sede en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) abunda: “La política fiscal del mundo entero está viendo cómo le hacen para poder gastar más, de forma que haya dinero destinado a la salud, para salvar a los que están perdiendo el empleo y ayudar a los empresarios a no cerrar. Porque si llega el momento de descongelar esto, de que salgamos de nuestras casas, y no hay empresas, va a ser muy difícil que México crezca. El año pasado tuvimos una caída del PIB per cápita. Esta va a ser brutal, ahora va a ser de más del 10%. La promesa de Morena se diluye, se va al fondo del océano”.

AMLO, “icono neoliberal”
La política aplicada por López Obrador en una crisis sin precedente desde la Gran Depresión de los años treinta, va en sentido contrario, por donde se le mire, tanto en el fondo como en la forma.

En el fondo, por ejemplo, de acuerdo con un reporte de la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se encuentra el siguiente dilema: si se mantiene la política de austeridad, el saldo de la deuda pública podría incrementarse 15% real respecto a 2019, alcanzando niveles históricos como porcentaje del PIB, llegando a 103 mil 549 pesos por persona. Esto es sólo por la caída de los ingresos presupuestarios y el efecto de la depreciación del peso.

Mientras que aplicando una política fiscal contracíclica, mediante un aumento del gasto público en 2.6% del PIB, el saldo de la deuda tendría un crecimiento real de 21%, llegando a 108 mil 653 pesos por persona.

Según el estudio elaborado por Carlos Vázquez Vidal, investigador del CIEP, la deuda, que por definición es resultado de la política de gastos y de ingresos del sector público, es una opción de financiamiento que presenta un costo de 5 mil pesos por persona para un incremento de 2.6% del gasto público.

“Tomando en cuenta que si estos recursos son destinados para estimular la demanda agregada y, por ende, el crecimiento económico, el nivel de endeudamiento será compensado con mayores ingresos presupuestarios en el futuro. Por el contrario, aun sin aumentar el gasto, la deuda se incrementa debido a mayores requerimientos financieros para compensar el faltante de ingresos, sin que esta deuda ayude a salir de la crisis sanitaria y económica que, a medida que se prolonga, profundiza los problemas estructurales del país”, concluye el reporte del CIEP.