Empleados de mantenimiento o limpieza, secretarias, recepcionistas, mensajeros, veladores, choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. Todos empleados de un despacho de contadores y personas de bajos recursos que fueron convertidos, en el papel, en flamantes empresarios con la complicidad de notarios públicos.

Fue una simulación a la que siguió otra: la de funcionarios que fabricaron licitaciones que nunca ocurrieron, por bienes que no se entregaron, y donde incluso se expidieron contratos con firmas falsificadas para que los mencionados “empresarios” no se enteraran que se les adjudicaban millones y millones de pesos del erario.

Así se fraguó y ejecutó uno de los mayores desfalcos de recursos públicos de los que haya registro en México: el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos a través de empresas fantasma en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Se trata del fraude revelado en su momento por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad pero que ahora es confesado directamente por 17 de los implicados, entre accionistas de las empresas fachada y exfuncionarios, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las declaraciones fueron recabadas entre enero y marzo de este año por la Fiscalía y forman parte del expediente con el cual se solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra de 25 personas, entre los que se encuentra el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá y el contador Víctor Manuel López Gachuz, propietario del despacho de contadores implicado en la creación de las empresas fachada.

Por ahora las investigaciones de la Fiscalía se han centrado en los pagos por poco mas de 100 millones de pesos que salieron del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma, en los dos primeros años del sexenio de Duarte y con Karime Macías al frente de ese organismo.

Los testimonios arrojan elementos nuevos o confirman otros, como por ejemplo las actuaciones irregulares de los notarios públicos que constituyeron estas empresas dando fe de hechos que eran falsos, y el involucramiento del despacho de contadores.

Hay además la declaración de la exjefa de licitaciones del DIF Veracruz en la que señala que en 2017 quiso confesar ante la autoridad todo lo que había ocurrido tras los reportajes publicados, pero que no lo hizo pues su exjefe le advirtió que “se meterían en problemas” y que detrás de todo había “personas peligrosas”. Hoy, señala que teme por su vida y la de su familia.

10 de las 25 personas en contra de las que se giraron las órdenes de aprehensión ya fueron detenidas. Este jueves, un juez determinó vincularlos a proceso por diversos delitos entre ellos el de asociación delictuosa. Tarek y Gachuz continúan prófugos.

Falsos empresarios y notarios mentirosos
12 personas que figuran como accionistas de las empresas fantasma rindieron declaración ante los fiscales. Todos confesaron que no son empresarios y que, en general, accedieron a firmar papeles cuyo contenido no conocían, o que en el mejor de los casos les dijeron que estaban relacionados con alguna empresa, pero sin saber que serían utilizadas para desviar recursos públicos.

Peritajes practicados a los contratos concedidos por el DIF de Veracruz a estas compañías fortalecen la versión de estos falsos empresarios, pues se confirmó que sus firmas fueron falsificadas en los documentos, un hecho que también se había evidenciado en el reportaje publicado por Animal Político en 2016.

Ocho de los 12 falsos empresarios laboraron como trabajadores o colaboradores eventuales del despacho de López Gachuz. Entre ellos hay una secretaria, una recepcionista, dos trabajadores de mantenimiento, una auxiliar de oficina, un mensajero, un velador, y una auxiliar de contabilidad.

Por ejemplo, el señor Pedro Francisco Corona Montes dijo que su jefe en el despacho le propuso que si firmaba unos papeles y daba una copia de su credencial de elector le ayudarían con 1 mil 600 pesos mensuales, pago que recibió por aproximadamente 5 meses. Añadió que a “varios compañeros de mantenimiento” los usaron de la misma forma.

Otros cuatro accionistas de las compañías fantasma que rindieron declaración no eran empleados del despacho pero sí personas de bajos recursos que afirman que, por casualidad, conocieron a alguna persona que les propuso firmar documentos a cambio de algún apoyo. Entre ellos hay un chofer de mudanzas, una estilista, y un monitorista.

Pero el caso mas extremo es el de Luciano Sánchez Díaz, quien dijo que siempre ha trabajado como albañil y que no sabe leer, pero que accedió a firmar unos documentos porque un contador de nombre “Noé” (posiblemente ligado al referido despacho de López Gachuz) le pidió que “le echara la mano para constituir una empresa” a cambio de 5 mil pesos que, en realidad, nunca le pagó.

Independientemente de su perfil hay un hecho en el que coinciden todas estas personas: que los notarios que constituyeron las empresas fantasma mintieron. Esto ya que, por ejemplo, en las actas constitutivas los notarios dan fe que los accionistas aportaban hasta 50 mil pesos para constituir dichas sociedades, un hecho que los falsos empresarios negaron. Al contrario, ellos accedían a cambio de algún poyo.

Tres de los entrevistados relatan que “fueron llevados” ante oficinas que podrían haber sido las notarías y que ahí les indicaron el papel a firmar directamente pero sin que les explicaran nada más. Pero el resto afirma algo peor: que ni siquiera fueron a las notarías a realizar el trámite y que solo firmaron papeles que la persona que los convenció les entregó.

Es el caso de Moisés Jiménez García, accionista de la empresa Anzara SA de CV, que fue constituida, según su acta constitutiva, ante el notario público numero 19 del municipio de Fortín de las Flores, Gabriel Alejandro Cruz Maraboto. Pero en su declaración, Jiménez señala que él nunca ha ido a ese municipio, y que el papel que firmó se lo dio un licenciado en Boca del Río.

En la misma situación se encuentra el señor Luciano Sánchez, quien aparece como accionista de la empresa Ravsan Servicios Múltiples SA de CV supuestamente constituida ante la fe del notario público numero 2 del municipio de San Andrés Tuxtla, Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel. Pero Sánchez sostiene que en su vida ha ido a ese municipio, y que solo firmó unos papeles que le mostró el referido contador “Noé” en Veracruz.

Otros notarios que constituyeron empresas fantasma en actos simulados según las declaraciones asentadas en la investigación fueron el notario 29 de Veracruz, Julio Alejandro Hernández Gallardo; el notario público numero 10 de Córdoba, Francisco Montes de Oca López; y el notario número 11 en Boca del Río, Alberto Javier Robles MIjares.

Contratos simulados y amenazas
En el expediente también se encuentran asentadas las declaraciones de al menos cinco exfuncionarios del DIF estatal en el periodo en que Karime Macías lo presidió. La mayor parte de ellos coinciden en que se registraron irregularidades en los procesos de contratación de bienes, y dos de ellos sostienen haberse negado a participar en peticiones que consideraban ilegales.

El testimonio clave es el de Laura Elena Vega Martínez, quien laboraba como jefa del Departamento de Licitaciones del referido organismo gubernamental. Lo que la exfuncionaria confirma es que a las licitaciones se invitaba directamente a empresas que le ordenaban sus superiores, que los oficios de invitación no se entregaban a las empresas sino a personas sin identificar, que se elegía luego a la “propuesta” que resultara mas barata y que los fallos tampoco se entregaban a representantes de las compañías sino a sus jefes.

Vega Martínez sostiene que le llamaba la atención que siempre le pedían invitar a las mismas empresas y que incluso le llegaron a pedir (y así lo hizo) que firmara los contratos en el apartado que correspondía al apoderado de la empresa ganadora de la licitación.

Reconoce que hizo todo esto porque se lo ordenaba su jefe inmediato, Víctor Manuel Carrizo Yobal, subdirector de recursos materiales, quien a su vez le decía que eran instrucciones directas de “la señora”, como se referían a Karime Macías. Incluso se justificaba el simular las firmas en los contratos bajo el argumento de que el DIF necesitaba ciertos bienes y de que los proveedores ya estaban de acuerdo.

La exfuncionaria añade que luego de que se enteró por un “reportaje de Animal Político” que las empresas a las que se habían adjudicado los contratos eran fantasma, y de que en 2017 la citaron por primera vez a declarar, ella quiso confesar todo pero se desistió por una advertencia que le hizo Carrizo.

“Me dijo que no fuera a decir nada porque me iba a meter en problemas y a el también, porque eran personas peligrosas las que estaban involucradas en estos temas”, añadió Vega Martínez.

Finalmente la exfuncionaria dijo que decidió confesar todo ahora porque no quiere problemas con la justicia y de ser posible busca que le den una salida alterna que evite que termine en prisión. Además, hizo responsable de lo que le llegue a pasar a ella o a su familia a todos sus superiores, pues consideró que lo que le dijo Carrizo Yobal era una “advertencia”.

En el expediente también se encuentran testimonios de exfuncionarios del DIF que estaban a cargo de inventarios y de la bodega central del organismo, quienes señalan que nunca ingresaron al menos a ese sitio los bienes que supuestamente se habían adquirido en los contratos.

Una de esas exfuncionarias, Gladys Elizabeth Hernández Marin, analista contable del área de almacén, dijo que incluso su entonces jefa, María del Socorro Pérez Castillo, le llegó a pedir que ingresara al sistema la recepción de bienes de los que no había prueba documental creíble de que se hubieran entregado, a lo que se negó y por ello fue relegada de su puesto.