De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) se detectó una serie de discrepancias e irregularidades entre los ingresos que reportó el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge y los que realmente obtuvo durante 2014 y 2015.

Por ejemplo, durante el tercer año de su mandato y al tiempo que conformaba un grupo para poder lavar dinero con propiedades del estado de Quintana Roo, Borge no reportó 689 mil 100 pesos con los que pagó tarjetas de crédito, adquirió bienes inmuebles y realizó diversos viajes personales.

Un año después se detectó que Borge Angulo no informó sobre 821 mil pesos extra que, según los datos de prueba aportados por la PGR ante el juez Artemio Zúñiga, destinó al pago de tarjetas de crédito, así como al pago de vuelos tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Según el oficio SGP/DSGP/SSAT/SSAJ/CGRSP/1200/IV/2017 quedó formalmente notificada la discrepancia fiscal, la cual fue confirmada gracias a una auditoría realizada en la que detectaron las irregularidades.

Y es que la PGR posee reportes sobre las declaraciones patrimoniales del ex mandatario estatal desde el 28 de julio de 2006, mientras se desempeñaba como tesorero del gobierno de Quintana Roo, cargo que dejó para convertirse en oficial mayor.

Precisamente, según los fiscales que documentaron ante el juez Zúñiga el caso de lavado por más de 900 millones de pesos que afectó al erario de Quintana Roo, Roberto Borge comenzó a operar su plan desde la Oficialía Mayor.

Dicha estrategia se consolidó con la creación de una serie de empresas fachada, similares a las que usó el también ex gobernador Javier Duarte en Veracruz, a las cuales se les realizaron inspecciones en sus “sedes” y que resultaron en la inexistencia física de las mismas

Respecto a los predios investigados por el Ministerio Público, éstos se ubican en localidades como Cozumel, Chetumal, Tulum, Bacalar, Playa del Carmen, Cancún e Isla Mujeres, y según las investigaciones, el ex gobernador los utilizó para fines delictivos entre abril de 2011 y septiembre de 2016 en el estado de Quintana Roo, “ocultando los bienes procedentes de actividades ilícitas y realizado en conjunto con otras personas y basado en un plan común”.

Durante la relación de los agentes del MP, sobre los datos de prueba, salieron a relucir una serie de irregularidades sobre la expedición de licencias para venta de bebidas y que fueron destinadas a tres empresas, así como a Roberto Borge Martí, padre del ex mandatario.