Desde la colonia Valle del Paraíso, en el municipio de Puebla, con calles tierrosas semirurales, Karina cuenta que debe 13 mil pesos a la empresa Concesiones Integrales, aunque dos calles no tienen el servicio de drenaje desde 2016 y el de agua solo se le suministra las noches de los miércoles y domingos. Contratan letrinas cada mes, y se arrojan las heces al cercano río Atoyac y a una calle transitada, donde los niños creen que es lodo.

“Tengo que estar apartando con cubetas y tambitos, como no tengo cisterna. Solamente así. Nos preocupa lo del coronavirus porque tenemos niños pequeños; tres, de 2, 4 y 8 años”, dijo. Hay vecinos con ronchas en la piel, pero deben pagar las consultas de sus bolsillos. El centro de Puebla está a 40 minutos en auto. “Sabemos que no debemos salir, lavarnos frecuentemente las manos y desinfectar todo, pero se nos dificulta. Le pedimos al Gobierno estatal [Miguel Ángel Barbosa] que nos ponga el drenaje porque tenemos fosas sépticas y ahorita con lo del coronavirus estamos oliendo ahí todo lo sucio, es una infección lo que hay en la calle, y también que nos caiga agua más seguido”.

Hasta el cierre de esta edición, van cientos de casos de COVID-19 en México y más de 250 mil a nivel mundial, de los cuales han muerto más de 10 mil, pero se han recuperado más de 85 mil, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El escenario mínimo de la pandemia en el país es de 12 semanas.


Un señor de la colonia Villa San Alejandro en el municipio poblano, enfermo de cáncer y sin acceso al agua, falleció con su cuello con llagas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que cada persona debe tener un acceso mínimo de 100 litros diarios para consumo e higiene, y en el caso de enfermos de cáncer, diabetes o VIH deben de tener mínimo 130 litros de acceso por día.

En mayo de 2014, durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla se privatizaron los servicios de agua y de drenaje a la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. “Agua de Puebla”, la cual reconoció 46 mil cortes en el municipio de Puebla por adeudos de 2016 a julio de 2019. Aunque la Asamblea Social del Agua (ASA), un colectivo local de abogados, calcula que son 100 mil al año en promedio, ya que los incrementos de tarifas fueron de 400 por ciento en los últimos seis años.

La firma perteneciente a Grupo Epccor –que construyó el polémico Paso Exprés en Morelos– justifica los cortes por falta de pago, ya que las tarifas llegan de 16 mil, 19 mil, 26 mil pesos y hasta 81 mil pesos, de acuerdo con los recibos consultados por este medio, en un municipio donde el salario mensual promedio es de 6 mil pesos. De acuerdo con la Asamblea Social de Agua, algunos usuarios llevan años comprando pipas ya que “o pagan o comen”, por lo que han interpuesto amparos contra “los cobros excesivos” y desproporcionales al uso doméstico.

“Están en mucho riesgo los menores de edad, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. La pandemia es algo muy delicado, y a esto le agregamos que están sin acceso al agua ni a drenaje pues es algo más grave todavía. De ahí pueden derivarse otras enfermedades digestivas que también pueden convertirse en muertes. Le hacemos el llamado al Gobierno estatal el suspender los cortes de servicio en esta época. La propuesta puede ser a nivel federal: prohibir en el artículo 4 constitucional los cortes de drenaje y agua, sobre todo en estos casos, y que sea un delito penal grave sin derecho a fianza”, afirmó Omar Jiménez Castro, abogado de Asamblea Social del Agua.

“Hay casos de cortes de servicios a personas con diabetes y cáncer, a personas con discapacidades y de la tercera edad. De entrada, los cortes son inconstitucionales (art. 4, 14 y 16), pero no hay un criterio de la empresa para cortarlos en casas con habitantes vulnerables”, aseguró Jiménez. “Empleados de la concesionaria llegan al domicilio y, sin ninguna orden judicial y permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, rompen la carpeta asfáltica o la banqueta. Incluso hemos documentado casos que la policía municipal los acompaña por si los usuarios se oponían. Quedan en estado de indefensión”.

LA SEQUÍA A NIVEL NACIONAL

Entre 12.5 y 15 millones de mexicanos (casi un 10 por ciento de la población nacional) no tienen acceso al agua potable, sobre todo del área rural y zonas marginadas en las grandes ciudades, de acuerdo con Manuel Perló Cohen, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, con cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De los habitantes que tienen acceso, casi 30 por ciento no la obtiene en cantidad ni calidad suficiente, en una nación donde de los 653 acuíferos en aguas subterráneas, 105 están sobreexplotados.

A esta violación del artículo 4 constitucional se suma la época de sequía de moderada a extrema que se registrará a nivel nacional entre finales de marzo y mayo. De acuerdo con las fases de la Conagua, la severa (D2) y extrema (D3) requieren cortes del suministro de agua voluntarios u obligatorios y hay probables pérdidas de cultivos. La instancia identifica 106 municipios con un alta vulnerabilidad de sequía a lo largo del año que se localizan en la región Noroeste, Centro y vertiente del Pacifico del país comprendiendo los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Guerrero.

“Es absolutamente necesario como una condición básica de prevención a la pandemia que la gente tenga acceso al agua”, dijo Miguel Ángel Montoya, especialista en gestión integral del agua, quien recordó que en 2009, un año con sequía prolongada, la Conagua realizó recortes cuando las presas estaban a menos de 60 por ciento de su capacidad y, observó, 2019 fue un año relativamente seco y para 2020 el Sistema Meteorológico Nacional estima pocas lluvias.

“No se puede estar recargando el recorte sobre los ciudadanos de a pie usuarios del servicio de agua potable y saneamiento, y favorecer a los mismos grupos de interés: las industrias. En el Valle de México la Conagua jamás les ha restringido el aprovechamiento de sus volúmenes y ante una situación de emergencia hídrica tendría que hacerlo. No ejecuta una política pública para cumplir con el derecho de acceso al agua de ese 42 por ciento que dice que no la tiene de manera regular en sus domicilios. Cuando haya emergencia, lo que va hacer es lo que está haciendo ahorita: mandar pipas”, afirmó Montoya.

Una política pública, planteó Montoya, sería hacer una figura declaratoria para suspender el acceso al suministro de agua de manera equitativa a todos los usuarios de las aguas (agrícola, industrial, doméstica) y darle prioridad al uso público.

“En Conagua no están dispuestos a aprovechar las concesiones particulares, si la condición de emergencia lo amerita. No se trata de expropiar o retirarles la concesión, sino de obtener un porcentaje. Por ejemplo, si en el Valle de México no alcanzara el agua para Iztapalapa ni con las pipas, podríamos tener un caudal adicional de toda la batería de pozos que están en manos de particulares. Pero no hay indicios de que lo vaya a hacer”, aseveró.

Ricardo Cortés Alcalá, de la Dirección General de Promoción de la Salud, comentó en conferencia de prensa que la Conagua “está completamente lista para que todas nuestras unidades de salud, los hospitales que vayan a estar prestando atención a los enfermos por COVID-19 tengan y estén asegurados en materia de agua potable al 100 por ciento”.

Sin embargo, en el municipio de Puebla el agua está privatizada. La Ley de Agua estatal “es a modo”, ya que, expuso el abogado de la Asamblea Social de Agua Omar Jiménez, el artículo 99 le otorga facultad a la empresa Concesiones Integrales de suspender los servicios de agua y drenaje a los usuarios que tengan adeudos, y en el artículo 102 determina que las obligaciones de los usuarios es realizar otro pago por reconexión del servicio. Aunque el artículo 10 obliga a la empresa a notificar con al menos seis días de anticipación el estado de cuenta sobre los servicios y fecha de vencimiento, no cumple.

“Esa ley contraviene a lo que determina la Constitución mexicana y los Tratados Internacionales”, dijo Jiménez. “En el artículo 14 y 16 constitucional se determina que toda persona tiene derecho al debido proceso, es decir, para hacerte un corte de servicio la concesionaria tiene que iniciar un proceso administrativo y el supuesto deudor tiene que ir a la audiencia de reconciliación en presencia de su abogado para que la concesionaria acredite el adeudo para que un juez ordene el pago. Pero al hablar de un derecho humano, ningún juez se atreve a expedir una orden del corte de agua, por lo que la empresa no ha desahogado un solo asunto. Va y suspende de manera unilateral”.

La semana pasada, contrario al llamado de la OMS sobre el derecho al agua, la Diputada de Puebla Nora Jessica Merino Escamilla presidenta de la Comisión de Medio Ambiente presentó reformas a la Ley de Agua estatal, donde determinó que a cada hogar se le otorgarán 15 metros cúbicos de agua al mes (15 mil litros por familia y uso doméstico). Y en caso de adeudo, la reforma le otorga facultades a la concesionaria de requerir el pago y le da facultades de si el usuario se pasa de sus 15 metros cúbicos y tiene adeudo, se suspenda el servicio de agua y drenaje.

El miércoles 11 de marzo se aprobó en el Pleno del Congreso de Puebla, pero la Asamblea Social del Agua planea solicitar un amparo. “Los diputados de Puebla de Morena legalizaron los cortes de agua y de drenaje, por lo que se dispararán más”, interpretó el abogado Omar Jiménez.