A partir del jueves 20 de febrero se anunció la apertura de los archivos históricos y fondos documentales correspondientes a la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), así como de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el Archivo General de la Nación (AGN).

Fue en marzo de 2019 que el Director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, señaló que al tomar su cargo en diciembre de 2018, notó que existía cierta sala de consulta a la que sólo tenía acceso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), razón por la que solicitó que la información no permaneciera más secuestrada por el servicio de inteligencia mexicano y se mantuvieran esos archivos abiertos.

En contraste, Camilo Vicente Ovalle, académico y Doctor en Historia por la UNAM, señala que más que apertura de archivos del CISEN, en el Archivo General de la Nación se requieren archivos vinculados a los que se les pueda dar tratamiento e implementar mecanismos con criterios de acceso a la información.

Es decir, para los usuarios que actualmente deseen acceder a los archivos del CISEN, conforme a las declaraciones de Ovalle, no existe acceso a la información ni con criterios, ni con la apertura suficientes, lo que se traduce en la ausencia de un catálogo que guíe a los usuarios para que sepan cuál es la información que se encuentra disponible.

Por otro lado, el académico se refiere a que no todos los archivos están abiertos como se ha anunciado, pues desde 2002 investigadores de diferentes instituciones entre los que se encuentran académicos, historiadores e incluso ciudadanos, han luchado porque se dé una apertura real de esos documentos, con mayor presión desde 2014 y, sin embargo, no se ha hecho como se anuncia.

Igualmente, Ovalle comenta que documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina, de la Policía Judicial Estatal e incluso de la ahora extinta Policía del Distrito Federal no están abiertos del todo, pues en consistencia lo que está al alcance del público son elementos muy pobres en información, a excepción de alguno que otro documento que llega a resultar novedoso, pero no más.

Con experiencia en investigación en desapariciones forzadas como una práctica común en México, Camilo Vicente Ovalle se manifestó a las afueras del AGN en compañía de los mismos historiadores, académicos y ciudadanía que ha luchado porque se entreguen y aperturen los archivos que sí existen, además de implementar mecanismos en los que las víctimas de tortura no necesiten ser líderes de opinión como se limita a través de solicitudes de transparencia cuando se hacen ese tipo de consultas.

Una política de memoria a graves delitos es lo que requiere México, conforme a las exigencias de estos grupos que han presionado a lo largo de 18 años en los que, como señalan, sólo se ha contado con el despido del archivista del CISEN por parte del actual director del AGN.

Sin embargo, para Ovalle a pesar de ser políticamente correcto, el haber despedido a quien conocía a fondo los archivos del Archivo General de la Nación fue un error en materia de política pública por parte del actual director del AGN, pues lo despidió sin conocer lo que había en los archivos, sin contar con gestionadores de los mismos y por lo tanto, sin tener la capacidad de ofrecer capacitación al personal en relación a tales documentos.

Finalmente el académico señaló que los archivos que el 20 de febrero se presumieron como fondos documentales sin restricciones por parte del AGN, ya se encontraban disponibles; en el caso de los correspondientes a la DFS, desde 2002 y en relación a los de la DGIPS, desde 1998. Lo que falta, son criterios de acceso a la información, de los que los investigadores y académicos manifestantes han hecho saber tanto al jurídico como al director del AGN y al Archivo Histórico Central, mismos que han hecho caso omiso.