En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la crisis de seguridad en el país continuó y se profundizó. La cifra de personas asesinadas, 32 mil 565, no solo es la más alta para un inicio de sexenio, sino que además los casos se han vuelto más violentos.

Y es que el promedio de víctimas que deja cada caso en 2019 es el más alto de por lo menos los últimos cinco años. Ocho masacres con un saldo de 124 personas que perdieron la vida, entre ellos mujeres, niños y policías, son ejemplo de esto.

El alza de las tasas de homicidios no es un hecho focalizado en una región del país, sino que se extiende en 19 de los 32 estados.

Un matiz importante: los datos confirman que el gobierno de López Obrado recibió, a diferencia de sus antecesores, una tendencia al alza en los homicidios. Este crecimiento se había detenido en los últimos meses, aunque el balance preliminar de noviembre arroja, otra vez, un incremento.

Lo anterior ocurre pese a que el gobierno actual ha fijado el problema de la inseguridad como un tema prioritario de su política pública, que se aborda todas las mañanas en reuniones que sostiene el gabinete de seguridad y que son encabezadas por el propio presidente.

Además, este año entró en operaciones la Guardia Nacional, una nueva fuerza de seguridad civil por definición, pero constituida y operada esencialmente por las fuerzas armadas. No obstante, sigue el déficit de policías locales, a lo que ahora se suma un nuevo recorte en los fondos de seguridad para 2020.

Animal Político presenta a continuación los datos y puntos clave del arranque del actual sexenio en materia de seguridad.

El año de las masacres
Una de las cuestiones que el presidente López Obrador sostuvo desde los primeros días de su administración es que se había terminado “la guerra” como política de seguridad y combate a la delincuencia, pues la misma había arrastrado al país a la actual crisis de violencia. “Se agitó el avispero”, fue una de las analogías que usó para referirse a ello.

Sin embargo, lo registrado en 2019 muestra que la violencia no solo no retrocedió sino que incluso se agudizó. Como ya se ha publicado antes el país registra la mayor tasa de homicidios de los últimos 23 años, pero además destacan varios hechos en donde el número de víctimas ha sido elevado.

En algunos casos las personas que perdieron la vida eran integrantes de las fuerzas de seguridad o presuntos delincuentes, pero en otros casos personas totalmente ajenas a los hechos. Aquí ocho ejemplos de algunos multihomicidios registrados:

*Abril 19: Balacera en plena fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz. Saldo: 13 muertos, entre ellos cinco mujeres y un menor de edad.

*Agosto 28: Incendio provocado en bar de Coatzacoalcos, Veracruz. Saldo: 30 personas muertas.

*Septiembre 5: Presunto enfrentamiento entre policías y personas armadas. Saldo: 8 muertos, todos supuestos delincuentes.

*Octubre 14: Emboscada a policías estatales en Aguililla, Michoacán. Saldo: 13 muertos (todos policías).

*Octubre 15: Choque de militares con civiles armados en Tepochica, Guerrero. Saldo: 15 muertos (14 de ellos civiles).

*Octubre 17: Ataque del Cártel de Sinaloa en Culiacán, Sinaloa. Saldo: 13 personas muertas.

*Noviembre 4: Atentado contra familia de la comunidad mormona en Bavispe, Sonora. Saldo: 9 muertos, entre ellos seis menores de edad y tres mujeres adultas.

*Noviembre 30: Enfrentamiento entre sujetos armados y policías estatales. Saldo: 23 muertos, entre ellos cuatro agentes y 4 civiles ajenos a los hechos.

Estas masacres y multihomicidios no son casualidad. Las cifras oficiales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que en 2019 se registra el promedio mas alto de número de víctimas por cada homicidio, al menos de los últimos cinco años.

Según la información, de enero a octubre de 2019 se contabilizaron 24 mil 484 casos de homicidio doloso que dejaron un total de 28 mil 741 víctimas. Esto significa que, en promedio, el saldo de cada caso es de 1.17 víctimas. El porcentaje es superior al de 2018 y 2017, donde el promedio fue de 1.15 víctimas por caso, al de 2016 donde fue de 1.11 y al de 2015 donde fue de 1.10 casos.

Cabe señalar que entre las personas asesinadas este año se encuentran 382 elementos de corporaciones policiales.

Cierre con broche rojo
De acuerdo con la estadística diaria de homicidios que publica el gobierno federal, en noviembre se registró un promedio de 79 homicidios diarios, un incremento en comparación con el promedio diario de 76 víctimas registrado en octubre.

De confirmarse este dato en las cifras de incidencia delictiva oficial que se darán a conocer el 20 de diciembre, significaría un cierre negativo del primer año de gobierno, luego de cuatro meses previos en donde la tendencia se había estabilizado e incluso disminuido.

Además, y según la misma estadística, el pasado fin de semana se reportaron en un lapso de 24 horas un total de 127 homicidios, registrándose el día mas violento de todo el primer año de gobierno.

Las cifras del SESNSP muestran que en 19 de las 32 entidades federativas – o sea en 2 de cada 3 estados – la tasa de homicidios creció este año en comparación con el anterior.

Los focos rojos están en Sonora, donde la tasa de homicidios de 2018 a 2019 se incrementó en casi 49%; seguido de Hidalgo donde el alza fue de 47.4%; Morelos con un incremento de 35.4%; Nuevo León con un alza del 28%, y Aguascalientes con 25.32%.

Después se ubica Coahuila con un alza de su tasa de homicidios en 2019 del 24%; Tlaxcala con un alza en la misma del 19.4%; Tabasco con 18.4%; Michoacán con 18.2%; Jalisco con 13.8% y Chihuahua con 13.7%.

Las otras entidades que registran alzas en sus tasas de violencia homicida este año son Estado de México, Campeche, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Quintana Roo y Colima.

Seguridad pública militarizada
El primer año del gobierno de López Obrador vio nacer a la Guardia Nacional que, de acuerdo con la reforma constitucional que dio pie a su creación y de su ley orgánica, se trata de una fuerza federal de seguridad civil destinada tanto para labores de prevención del delito, así como para investigar delitos.

Pero en los hechos la Guardia Nacional es en realidad un cuerpo policial militarizado: más del 70% de sus actuales efectivos provienen de las fuerzas armadas o son personal reclutados por las mismas, mientras que el cien por ciento de sus mandos operativos en los estados son militares.

El apoyarse de inicio en los recursos humanos y presupuestales de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina le ha permitido a la Guardia Nacional sumar hasta octubre pasado un estado de fuerza de casi 71 mil elementos, con presencia en las 32 entidades federativas.

Más del 40% de los efectivos de Guardia Nacional desplegados (30 mil 321) se concentran en siete entidades: Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chiapas.

El secretario de seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ha fijado como meta el contar con 150 mil efectivos para la Guardia, al finalizar el sexenio. El reclutamiento también está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo la aplicación de la mitad de las pruebas de control de confianza.

Especialistas y organizaciones como Causa en Común han criticado lo que consideran ha sido una “militarización de la seguridad pública”, al optar para ello por elementos de las fuerzas armadas con una formación y perfil distinto al de un policía.

De igual forma han criticado el que se haya optado por desaparecer a la Policía Federal, proceso que además trajo en este año diversas protestas, incluyendo intentos de bloqueo del Aeropuerto de Ciudad de México por elementos de dicha corporación, que han rechazado ser transferidos a la Guardia o a alguna otra institución.

De reuniones y reformas, la nueva estrategia
Como parte de la política en materia de seguridad en este sexenio el presidente López Obrador encabeza diariamente reuniones del gabinete de seguridad nacional en las que se analizan temas relacionados con esta materia, así como situaciones específicas de coyuntura.

En dichas reuniones que tienen lugar a las 6 de la mañana, de lunes a viernes en Palacio Nacional, participan de forma recurrente el presidente, el secretario de Seguridad Ciudadana, así como los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Otros asistentes frecuentes son el comandante en jefe de la Guardia Nacional y el titular de Centro Nacional de inteligencia.

De forma similar se llevan a cabo reuniones diarias de seguridad diarias en los estados del país con representantes de las fuerzas federales y estatales.

Otro eje central para reforzar el combate a la seguridad son diversas reformas constitucionales impulsadas por el gobierno, y aprobadas gracias a su mayoría en el Congreso. Entre ellas destaca la reforma para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva automática (oficiosa), así como la modificación que avala cinco años de la participación de las fuerzas armadas convencionales en tareas de seguridad pública.

También se hicieron modificaciones para agilizar la extinción de dominio (aseguramiento de bienes) producto de la delincuencia, y se han expedido leyes en materia de registro de detenciones y uso de la fuerza, entre otros.

Organizaciones como México Evalúa o Causa en Común han calificado como regresivas algunas de estas modificaciones legales, sobre todo la relacionada con ampliar el catálogo de ilícitos que ameritan prisión automática aprobada desde mayo pasado, y cuyo impacto en temas de seguridad no se ha visto reflejado hasta ahora.

Ofensiva antilavado
Una de las principales estrategias que ha impulsado el gobierno en este primer año del sexenio es el congelamiento de cuentas bancarias ligadas a actividades de lavado de dinero o diversas operaciones ilícitas, a partir de investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Datos actualizados del gobierno arrojan que se han inmovilizado recursos por 5 mil 160 millones de pesos y se han procesado a mil 992 personas vinculadas a presuntos hechos de delincuencia organizada.

Lo que no se conoce, hasta ahora, es cómo estas medidas han afectado o debilitado las operaciones de los grupos del crimen organizado dedicados a temas como el narcotráfico o la trata de personas.

Poco dinero y aun menos para 2020
De acuerdo con el informe “¿Cómo Vamos en Seguridad Pública?” de Causa en Común, México destinó en 2019 un presupuesto total de 225 mil 920 millones de pesos para seguridad que equivale al 0.9% del Producto Interno Bruto. Dicho presupuesto es inferior al de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que destinan en promedio un 3% del PIB a seguridad.

El mismo informe destaca que se privilegió la repartición de dichos recursos a las fuerzas armadas, en detrimento del Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios (FORTASEG) que sufrió un recorte del 23%, y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que tuvo una disminución del 2%.

El panorama luce aun peor para 2020, según otro análisis de México Evalúa. Y es que para el presupuesto del próximo año se aprobó un nuevo recorte del 0.24% al FASP, y de 3.69% al FORTASEG.

Más preocupante aun, de acuerdo con la organización, es que el Congreso no quiso incluir en el presupuesto un lineamiento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad para elevar de 20 a 50% el porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que debe destinarse exclusivamente al fortalecimiento de las policías municipales.

Lo anterior, detalla México Evalúa, vuelve prácticamente imposible materializar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que impulsa el gobierno federal, y que entre otras cosas requiere impulsar el reclutamiento de 150 mil nuevos policías municipales en todo el país.