La solicitud de extradición de Karime Macías, que presentó la entonces Procuraduría General de la República ante el Reino Unido a nombre de la Fiscalía de Veracruz, se basa en una sola prueba: la acusación de Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, quien supuestamente dijo que la esposa de Javier Duarte ordenó pagar 112 millones 213 mil 844 pesos a empresas fantasma.

Las otras pruebas para lograr la extradición son 28 contratos del DIF estatal con empresas fantasma, en los que no aparece su firma, de acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso Animal Político.

Además , Nemi Dib ya había rectificado sus declaraciones en contra de la esposa de Javier Duarte.

La declaración ministerial que se recabó a Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, fue durante el periodo en que se hicieron las mencionadas contrataciones.

Lo que se refiere es que Nemi Dib señaló que las empresas mencionadas fueron contratadas a través de licitaciones simplificadas (sin una competencia real), y que las mismas fueron seleccionadas por Macías. El documento no explica cómo la esposa del gobernador daba estas instrucciones.

“Nemi Dib manifestó que por órdenes de Karime Macías Tubilla se realizaban los pagos a las empresas con celeridad, derivado a que eran proveedores que ella solicitaba para el DIF”, señala el documento.

Este año el propio Nemi Dib promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la que desestima la referida declaración y las demás en contra de otros exfuncionarios, tras señalar que fue víctima de presuntos maltratos y presiones de parte de la Fiscalía estatal para inculpar a diversas personas.

El documento judicial enviado por nuestro país a las autoridades británicas, donde se explica la acusación y las pruebas con la cual se intenta responsabilizar a la expresidenta del DIF estatal, fue firmado por el entonces procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, ya que por ser un trámite de extradición corresponde a la Fiscalía federal llevarlo a cabo, aunque la carpeta de investigación del caso es de la Fiscalía de Veracruz. El trámite comenzó desde 2018.

La indagatoria se sustenta en seis denuncias oficiales que interpuso el DIF estatal concluido el sexenio de Duarte, y en donde se identifica a 10 exfuncionarios como posibles implicados (entre ellos el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá quien sigue libre), sin que Macías aparezca en esa lista.

Estos contratos presuntamente simulados fueron para la compra de diversos productos, entre ellos equipo médico, sistemas de purificación de agua, paquetes escolares, entre otros, que nunca fueron entregados a la población beneficiaria.

Cabe recordar que Karime Macías fue liberada el pasado 5 de noviembre en Londres tras cubrir el pago de una fianza de 150 mil libras esterlinas. A partir de ese momento comenzó a correr un plazo de 30 días naturales para que México presente la solicitud formal de extradición, y corresponderá a la justicia británica decidir si la autoriza o la rechaza.

A continuación, se detallan puntos y evidencias clave de la orden de aprehensión en contra de Karime Macías:

Las seis denuncias

De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación contra Karime Macías inició a partir de seis denuncias penales presentadas en marzo de 2017 por el DIF de Veracruz, relacionadas con posibles contratos simulados que firmó dicho instituto con seis empresas, entre 2010 y 2012. Se trató de una denuncia por cada empresa.

Las empresas señaladas en las denuncias fueron: Pefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; Grupo Balcano SA de CV; y Anzara SA de CV.

En las denuncias interpuestas se identificaron a una decena de funcionarios como los probables responsables de estas anomalías, por el cargo que desempeñaban en el periodo que se realizaron los contratos. En la lista no aparece Karime Macías.

Quienes sí figuran en la lista son Juan Antonio Nemi Dib, director del DIF en ese periodo; Antonio Tarek Abdalá Saad, quien era director de Finanzas y Administración; Astrid Elías Mansur, directora de Atención a Población Vulnerable; Miguel Ángel Ortíz Romero, quien también fue director de Finanzas; Joaquín Flores Castro, subdirector de Recursos Materiales; Emilia Yasbé Asamar Hernández, subdirectora de Recursos Financieros.

También aparece Víctor Manuel Carrizo Yoval, exjefe de Departamento de Almacén e Inventarios; Julián Rubín Sandoval, quien también fuera Director de Atención a Población Vulnerable; Pedro Manuel Solis García, director de Asuntos Jurídicos, y Laura Elena Vega Martínez, jefa del Departamento de Licitaciones.

Los contratos, pagos y facturas
En la orden de aprehensión se describen un total de 28 contratos entregados a las referidas empresas por el DIF y firmados por los funcionarios mencionados anteriormente.

Los montos pagados, de acuerdo con las transacciones y facturas identificadas, se distribuyen así: seis contratos a Pefraco por los cuales recibió 29 millones 955 mil pesos; un contrato a Abastecedora Romcru por 3 millones 963 mil pesos; cinco contratos a CERENE por 18 millones 872 mil pesos; cinco contratos a la empresa Ravsan por 19 millones 308 mil pesos; seis contratos a la compañía Grupo Balcano por 20 millones 892 mil pesos; y cinco contratos a Anzara por los cuales se le transfirieron 20 millones 220 mil pesos.

Los contratos son por conceptos diversos que incluyen desde zapatos o vestimenta, hasta juguetes o despensas, diversos tipos de materiales, equipo médico, entre otros. En todos los casos y tras la revisión correspondiente, se encontró que no hay evidencia de que dichos productos fueran entregados. Los supuestos beneficiarios, y en algunos no hay pruebas de que ni siquiera hayan ingresado a los almacenes del DIF.

Destaca, por ejemplo, un contrato firmado el 7 de diciembre de 2011 entre el DIF estatal y la empresa CERENE para la adquisición de “Equipo médico para prevención y control de enfermedades” por un monto de 5 millones 928 mil 862 pesos. El contrato fue firmado por Tarek Abdalá, entonces director de Finanzas del instituto, entre otros funcionarios.

Pese a que dicho contrato fue pagado en dos transacciones bancarias, no existe registro ni siquiera de que el equipo médico haya entrado al almacén del DIF.

Otro ejemplo es el contrato entre el DIF con la empresa Ravsan, firmado el 22 de noviembre de 2011, para la adquisición de 59 mil pares de zapatos, y cuya firma también estuvo encabezada por Tarek Abdalá. De nueva cuenta los auditores no encontraron indicio de que dichos zapatos ingresaran al almacén del Instituto, y menos de que hubieran sido repartidos.

Tarek impune
Más de la mitad de los contratos señalados en la acusación contra Macías fueron firmados por Antonio Tarek Abdalá, entonces director de finanzas del DIF Estatal, de acuerdo con lo señalado en el documento firmado por el entonces procurador Elías Beltrán.

Animal Político ha documentado en diversos reportajes la participación de Tarek en los pagos a empresas fantasma, no solo desde el DIF sino de múltiples dependencias, luego de que asumiera el cargo de Tesorero de la entidad.

Por su parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado más de 40 denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación por el mal manejo de más de 50 mil millones de pesos de fondos federales en el gobierno de Duarte, y en las que se identifica como principal responsable al también exdiputado del PRI.

Pero Tarek Abdalá no ha sido detenido ni procesado. Esto ya que firmó un acuerdo con la entonces PGR (denominado técnicamente criterio de oportunidad) para que cesaran las acciones legales en su contra a cambio de declarar en contra de Javier Duarte, y de colaborar con las investigaciones.

Pese a lo anterior Tarek se ha negado en varias ocasiones a colaborar en los procesos e incluso promovió una demanda de amparo para que no se le citara a testificar en las audiencias judiciales, recurso que recientemente le fue negado.