Durante la gestión de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los delitos como la extorsión, homicidio doloso, trata de personas, feminicidio, secuestro y narcomenudeo han aumentado.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2019 estos delitos registraron incrementos en las carpetas de investigación iniciadas que van del 1.3%, en el caso de homicidio doloso, hasta 35%, para las extorsiones.

Las investigaciones por trata de personas registraron un alza de 29%, mientras que por narcomenudeo fue de 21.62%; de feminicidio de 14.15%, y de secuestro, 6.5%.

En 10 meses, Durazo Montaño se encargó de la eliminación de la Policía Federal (PF) para crear la Guardia Nacional y su propuesta inicial recibió diversas críticas en el Congreso de la Unión debido a que establecía la existencia de un cuerpo conformado por policías civiles, militares y navales a las órdenes de un mando militar.

En enero pasado el titular de la SSPC afirmó que el esquema cambiaría para que hubiera un mando civil en la Guardia Nacional.

En mayo de este año, anunció el despliegue de elementos para resguardar la frontera sur ante el incremento de las caravanas migrantes rumbo a Estados Unidos y la exigencia de este país a que México detuviera a los movilizados.

El despliegue fue criticado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que aseguró que los elementos no están capacitados en la materia.

En junio pasado, cuando se publicó el reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, elementos de la PF que serían transferidos al nuevo cuerpo de seguridad iniciaron una serie de protestas en la Ciudad de México, principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el Centro de Mando de Iztapalapa, contra el cambio.

Entre sus principales reclamos estaban la desaparición del bono de operatividad y el respeto a sus rangos de mando y derechos de antigüedad. Los disidentes tramitaron amparos que permanecen en trámite y en septiembre pasado, una vez eliminada por completo la PF, Durazo emplazó a los elementos inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional a que en siete días manifiesten su voluntad de ser adheridos al nuevo cuerpo de seguridad o de lo contrario serían adscritos al Servicio de Protección Federal de la SSPC.

Esto fue impugnado por unos mil 500 policías disidentes que consideraron que el acuerdo de Durazo Montaño violó su derecho de elegir libremente el trabajo al que desean dedicarse.

EL UNIVERSAL informó que un total de 56 mil 191 agentes de la Guardia Nacional fueron desplegados en 150 coordinaciones regionales para combatir la delincuencia organizada y común, pero la distribución de los mismos no respondía a las necesidades de presencia en cada estado.

Zacatecas, Querétaro, Yucatán, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala recibieron más guardias en comparación con las víctimas de homicidio que registraron según las estadísticas del SESNSP.

Falta estratega. Expertos en seguridad y representantes de organizaciones civiles coinciden en que falta un estratega de seguridad en el gobierno, pues con lo sucedido en Culiacán se evidenció la improvisación y el desorden en la SSPC.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, consideró que Durazo Montaño es buen político, pero no un estratega de seguridad.

“Lo ocurrido el jueves de la semana pasada evidenció la descoordinación en todos los ámbitos y la falta de estrategia. Yo creo que como político Alfonso Durazo es bueno, pero se necesita un estratega de seguridad y no lo vemos”, dijo.

Para la activista, urge un cambio en la estrategia de seguridad, ya que los índices delictivos en el país no han disminuido en este año, el primero del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que sí fue lamentable es que salga a mentirnos. Me parece lamentable de un funcionario en cualquier momento, pero más cuando el Presidente ha reiterado que no le van a mentir a la sociedad”, añadió Morera Mitre.

Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 54.1% de los mexicanos reprueba la liberación de Ovidio Guzmán, mientras que sólo 34.1% está de acuerdo, y 52.8% de los entrevistados consideraron que Alfonso Durazo debe renunciar por haber participado en esta decisión.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que debe haber sanciones, incluida la renuncia de Alfonso Durazo Montaño y de otros integrantes del gabinete de seguridad.

Además, agregó, de que no se han alcanzado cifras positivas en el combate a la incidencia delictiva, porque este año se perfila para ser el más violento.

“Será primer lugar en feminicidio, en narcomenudeo y en trata de personas desde que tenemos registros, a fines de 2015. Por donde se vea, es un año que definitivamente va a cerrar con números negativos. En secuestro terminará como el octavo peor año de la historia, si se comparan las tasas de los últimos 22 años”, afirmó.

“Los datos representan un panorama catastrófico en 2019 y sobre eso lo que preocupa es que el gobierno federal siga sin estrategia, sin apertura, sin disposición a rendir cuentas”, sentenció Rivas Rodríguez.

Por su parte, el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas estimó que el presente año cerrará con más de 2 millones de delitos registrados ante procuradurías y fiscalías de los 32 estados, lo que supondrá un récord en materia de incidencia delictiva en el país.

En Palacio Nacional, el Presidente dijo esa petición es una demanda de sus adversarios, “los conservadores”; “gritaron pidiendo mano dura, que respondiera con violencia, como lo hacían ellos”, agregó