La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá esta semana si atrae la revisión de un amparo relacionado con la investigación abierta por posibles hechos de corrupción detrás de la sentencia de nueve años de prisión negociada entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la Procuraduría General de la República (PGR), en el sexenio pasado.

Se trata de un amparo que un juez federal concedió en junio pasado a la organización civil TOJIL para que se le permita acceder y participar en dicha indagatoria, tras reconocer su papel de víctimas en esta investigación, lo que es un hecho inédito en casos de corrupción en México.

No obstante, la Fiscalía General de la República (antes PGR) interpuso un recurso de revisión en contra de esta resolución, por lo que el caso está ahora en manos de la Corte.

La investigación penal por las posibles anomalías en la sentencia dictada en contra de Javier Duarte se inició luego de una denuncia penal presentada precisamente por TOJIL en contra de los funcionarios de la PGR que participaron en la negociación de la condena reducida con el exgobernador y sus abogados.

No obstante, aun y cuando presentaron esa denuncia, la ley le impide a TOJIL aportar pruebas o revisar el expediente a menos que se les reconozca oficialmente como víctimas en este caso, y no solo como denunciantes.

Para Adriana Greaves, cofundadora de TOJIL, no existe duda de que el caso tiene la trascendencia necesaria para ser de interés de la Corte no solo por tratarse de posibles anomalías en un proceso abierto en contra de un personaje ampliamente conocido como Javier Duarte, sino porque esto podría marcar un parteaguas en los procesos de justicia y combate a la corrupción en México.

“Muchas de las fallas en el combate a la corrupción en México se deben a la incapacidad institucional de investigar de manera correcta redes de corrupción. Entonces es vital que la sociedad civil pueda acompañar a la Fiscalía para subsanar las deficiencias e incluso hacer una investigación paralela para presentar pruebas que sean suficientes” dijo Greaves.

La determinación sobre la admisión o no de la revisión de este amparo será tomada por la Primera Sala de la Corte en la sesión programada para el próximo miércoles 16 de octubre.

La abogada y también cofundadora de la organización, Estefanía Medina Ruvalcaba, explicó que si la Corte determina que el caso tiene los méritos suficientes para ser atraído, entonces será un ministro de la primera Sala el responsable de estudiar y elaborar un proyecto que confirme o revoque la sentencia que ya interpuso un juez previamente.

Si la Primera Sala de la SCJN decidiera no atraer el caso será entonces un Tribunal Colegiado el responsable de revisar el amparo.

Una condena bajo sospecha
El 26 de septiembre de 2018 un juez federal del Reclusorio Norte sentenció a Javier Duarte de Ochoa a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. La condena, reducida por debajo del mínimo establecido por la ley, fue dictada luego de que el propio Duarte de declarara culpable a cambio de que se le redujera su condena.

El acuerdo pactado entre Duarte y la PGR se dio luego de que la dependencia aceptó retirar de su acusación el delito de delincuencia organizada, que era el de mayor gravedad en el caso. Los detalles y audios de como se dio esta determinación y el dictado de la sentencia pueden ser consultados en esta nota publicada por Animal Político.

La forma en que se desarrolló este procedimiento es considerada “anómala y claramente perjudicial” para el Estado por parte de las abogadas de TOJIL, quienes incluso interpusieron una denuncia penal ante la misma PGR, que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación en contra de los funcionarios que resulten responsables.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta completamente desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, se lee en la denuncia penal promovida por TOJIL en octubre de 2018.

Medina Ruvalcaba detalló que el caso Duarte debió ser manejado de forma ejemplar tanto por el perfil del personaje del que se trataba así como por la gravedad de las acusaciones que incluían el posible desvío de millones de pesos del erario hacia empresas fantasma. En cambio, dijo la abogada, se buscó una salida corta que incluso impidió que el caso llegara a un verdadero juicio.

Incluso el propio Javier Duarte cuestionó ya la legalidad del propio acuerdo que el mismo había aceptado.

Por ejemplo, en entrevistas difundidas en diversos medios hace unos meses, Duarte dijo que en 2018 pagó una fuerte cantidad de dinero (cuyo monto no precisó) a funcionarios de la PGR, encabezada en ese momento por Alberto Elías Beltrán. Ello como parte de una supuesta negociación para que se declarara culpable, a cambio de reducirle la gravedad de las acusaciones.

De acuerdo con las abogadas de TOJIL estas declaraciones refuerzan la necesidad de que se llegue a fondo en la denuncia que interpusieron por posible corrupción en este proceso, pero para ello subrayaron que es indispensable que se les permita participar en la indagatoria.

“Por ello es importante que la Corte lo atraída dada la trascendencia del caso. El cambio que podría lograrse a través de esta resolución en el caso de que sea favorecedora sería una señal clara de lo que se ha venido diciendo respecto a que la corrupción no será tolerada, pero es necesario que ello no solo se quede en los dichos sino trascienda a la revisión de fondo de los casos como es este” dijo Adriana Greaves.

Los casos restantes
Duarte permanece actualmente preso por la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso tras declararse culpable en el caso federal de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Se trata de un caso cuestionado no solo por las sospechas de corrupción denunciadas por TOJIL sino por el propio Duarte que a través de su defensa busca un amparo que le permita apelar la condena. Esto con el argumento de que la PGR habría utilizado pruebas bancarias obtenidas sin el aval de un juez.

Por otra parte la Fiscalía de Veracruz promovió en su momento dos procesos penales en contra del exgbonernador por el posible desvío de 220 millones de pesos y el uso ilegal de un helicóptero, sin embargo, ambos juicios están detenidos por demandas de amparo que ha ganado Duarte y que han evidenciado anomalías en la integraciñon de los casos.