El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) solicitó 756 millones 800 mil pesos para garantizar el próximo año la seguridad de jueces y magistrados, ante la violencia que se vive en el país, principalmente por grupos del crimen organizado.

Hasta el año pasado, este órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) reportó tener asignados 138 vehículos blindados, 139 escoltas, y 140 “prendas de protección personal” (chalecos antibalas) para juzgadores “que enfrentaron situaciones de riesgo con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional”.

Estos jueces de distrito y magistrados de circuito, tanto de tribunales colegiados como unitarios, que requirieron estos servicios de seguridad radican en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.

El Consejo de la Judicatura Federal consideró este tema como uno de los cinco “grandes retos” en materia de justicia y seguridad que enfrentará en 2020, por lo que calificó de necesarios estos recursos, a fin de garantizar la seguridad de los juzgadores, “y con ello, la autonomía de sus determinaciones”.

“La inseguridad que durante años ha sumido al país en una crisis que no ha sido ajena al Poder Judicial. Por ello, otro de los retos que con mayor seriedad se asumen es el de garantizar la protección y seguridad de jueces y magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de corrupción”, se enfatiza en la estrategia programática del PJF, incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

En los últimos 18 años, cuatro juzgadores han sido asesinados. El último caso ocurrió en octubre de 2016: el juez de distrito Vicente Bermúdez Zacarías fue ejecutado cuando realizaba ejercicio en el municipio de Metepec, Estado de México. Diez años antes, Hilario Nieto Contreras, también juez de distrito, fue asesinado en Toluca.

En noviembre de 2001, los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron asesinados en Mazatlán, Sinaloa. En todos los casos, la entonces Procuraduría General de la República asumió las investigaciones.

En 2012, Juan Silva Meza, entonces presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, comenzó a pronunciarse por la integridad de los juzgadores, ante la violencia que se padecía en el país durante el gobierno de Felipe Calderón.

Apenas el año pasado, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el acuerdo general que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones para regular la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación referido.