El regulador de la banca en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya se había visto afectado por cientos de renuncias en sus filas de trabajo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recortara los salarios. Ahora, una de sus posibles leyes amenaza con provocar un éxodo mayor de los principales funcionarios del organismo.

La legislatura federal tiene programado para el próximo mes promulgar restricciones estrictas a la llamada ‘puerta giratoria’ entre el gobierno y el sector privado, buscando así erradicar lo que el presidente llama el “cáncer de la corrupción”. Con los cambios propuestos, los servidores públicos de alto nivel tendrían prohibido tomar empleos en empresas o instituciones que alguna vez regularon por un periodo de 10 años. De aprobarse así, sería una de las leyes más estrictas del mundo en ese tema.

Para un regulador financiero que a menudo ve a sus funcionarios tomar puestos de trabajo en bancos, quizá demasiado rutinariamente, y ha sido criticado por sus relaciones acogedoras con las instituciones que pretende vigilar, la idea de tales límites no ha salido bien. Muchos trabajadores de alto nivel han hablado de renunciar si la ley entra en vigor, según entrevistas con una docena de empleados actuales y anteriores.

Una fuga de cerebros en la CNBV podría debilitar aún más a una institución que supervisa prácticamente todo, desde los índices de liquidez bancaria hasta las ofertas públicas iniciales en la segunda economía más grande de América Latina.

En términos más generales, el caso también subraya los fuertes desafíos para López Obrador en su aventura por cumplir su visión de erradicar la mala conducta en el gobierno y poner fin a una era en la que los funcionarios públicos diseñaron nuevas fortunas privadas con favores del gobierno.

“Sería devastador para el regulador”, dijo Mauricio Basila, un ex alto funcionario de la CNBV, quien supervisó el mercado de valores y ahora dirige su propia firma de consultoría. “Las mejores personas se irían en lugar de quedarse”.

El gobierno de López Obrador ya ha hecho recortes a las nóminas y a los beneficios laborales desde el comienzo de su administración a fines del año pasado, como parte de un impulso de austeridad. Eso ha llevado a una ola de renuncias en las entidades gubernamentales, desde la Secretaría de Hacienda hasta Pemex.

En la CNBV, aproximadamente una quinta parte de los empleados se han ido desde que se promulgaron los recortes, afirmaron personas con conocimiento del asunto. Como resultado, el ritmo de las auditorías bancarias, la redacción de nuevas regulaciones y las aprobaciones de licencias se han ralentizado a medida que los trabajadores con menos experiencia asumieron los puestos, detallaron las personas, quienes pidieron no ser nombradas debido a la naturaleza delicada del asunto.

Los trabajadores se preparan para un mayor golpe de la prohibición de ‘puertas giratorias’. Varios empleados han redactado sus renuncias e incluso las llevan en sus bolsillos, listas para presentarlas tan pronto como se apruebe el proyecto de ley, pero antes de que pueda ser promulgada, dijeron las personas.

Otra ola de renuncias podría erosionar la capacidad de la CNBV para garantizar la estabilidad del sistema bancario, así como evitar fraudes, ataques cibernéticos y esquemas de lavado de dinero, añadieron. También podría retrasar la innovación tecnológica en el organismo, luego de que el país vio una ola de ciberataques el año pasado.

“Inmoral y una vergüenza”

Para López Obrador, la ley de ‘puertas giratorias’ es un componente clave de una promesa de poner fin a colaboraciones acogedoras entre funcionarios públicos y actores privados. Señaló a los tecnócratas que ayudaron a dirigir la política fiscal y monetaria de México como aliados corruptos de los capitalistas compinches, y mencionó repetidamente ejemplos de funcionarios de alto nivel que toman puestos de trabajo en el sector privado.

Los exempleados del gobierno que ocupaban altos cargos supervisando bancos y otras instituciones financieras fueron criticados después de tomar trabajos en los mismos lugares que solían regular.

José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y quien supervisó a la CNBV, ahora es miembro de la junta de consejo de HSBC. Meade estaba a cargo de la CNBV cuando multó a ese banco por 27.5 millones de dólares por controles débiles de lavado de dinero, que los funcionarios en ese momento aclamaron como una de las sanciones más grandes hasta el momento en el país por irregularidades financieras. No obstante, la multa palideció en comparación con un acuerdo récord de 1.9 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

Jaime González Aguadé, exdirector de la CBNV, ocupó un puesto en Caja Libertad, un pequeño otorgante de crédito, menos de dos años después de dejar el sector público. Renunció en julio luego de que el presidente de la junta de Caja Libertad, Juan Collado, abogado vinculado a Peña Nieto, fue arrestado por cargos de lavado de dinero.

La prohibición de 10 años en México sería la ley más estricta hasta ahora, aunque “ciertamente no es demasiado dura”, señaló Craig Holman, un experto legislativo en Public Citizen con sede en Washington, que promueve medidas más estrictas en la materia.

“La ‘puerta giratoria’ es uno de los esquemas de tráfico de influencias más perniciosos que afecta a los gobiernos en todas partes”, mencionó Holman. La perspectiva de un trabajo de servicio postpúblico “es una herramienta extremadamente poderosa para influir en las acciones oficiales de un regulador”.

“Después de diez años, las conexiones internas se desvanecerían lo suficiente como para poder levantar la prohibición. Pero diez años me parecen ideales”, afirmó el especialista.

La diputada panista Patricia Terrazas, presidenta de la comisión de Hacienda y Crédito Público en el Congreso federal, dijo que puede pasar un éxodo de otras instituciones también, desde el banco central a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Hay muchas instituciones que tienen esa especialidad”, dijo”. Los talentos buenos se los llevan a una empresa o la iniciativa privada o hasta el extranjero porque es un talento preparado”.

Terrazas comentó que ella esperaba que los legisladores de Morena aprobaran la ley en cuestión sin más cambios.

Aun así, hay lagunas en el proyecto de ley, que no prohíbe explícitamente a los exreguladores trabajar en empresas de consultoría privadas o presionar al gobierno desde esas trincheras. El último borrador del proyecto está dirigido a directores generales y superiores, lo que equivaldría a más de 50 funcionarios en la CNBV.

‘Demasiado duro’

La CNBV es apenas un regulador modelo. Tiene una mala reputación por su actuar en casos de manipulación del mercado y conflictos de intereses. Sin embargo, ha sido aclamado por su compromiso de implementar las últimas tendencias en regulaciones financieras. Los organismos internacionales han mantenido las reglas de lavado de dinero del país y una ley de tecnología financiera como ejemplos para otros mercados emergentes.

El organismo se encuentra en dos de las cuatro torres administradas por la Secretaría de Hacienda y que brotan de un centro comercial en el sur de la capital. Desde el año pasado, las cenas en las mesas de Chili’s y los almuerzos en el centro comercial, o en las elegantes cantinas en los vecindarios circundantes, han estado llenas de discusiones sobre cuándo dejar el barco, dijeron las personas con conocimiento del asunto. La discusión alcanzó su clímax mientras los legisladores debatían el proyecto de ley a principios de julio, dijeron.

Este verano, el gobierno cortejó a un candidato para un puesto clave en la supervisión de nuevas regulaciones en la CNBV, quien desconocía el alcance de la prohibición por venir. Los empleados del área incluso llegaron a ser informados del arribo de su nuevo jefe, sin embargo, el candidato retiró su interés de la oferta una vez que fue informado de la factura que habría de pagar si tomaba el cargo.

Nalleli Arias, exsubdirectora de prevención de lavado de dinero en la CNBV, sabe una o dos cosas sobre caminar por la oficina con una carta de renuncia lista en su escritorio. Dejó su trabajo hace poco más de un año, incluso antes de que López Obrador ganara las elecciones. Para entonces, los rumores decían que su nuevo gobierno federal no le permitiría trabajar como consultora privada, por lo que preparó su carta y tan pronto como tuvo la oportunidad, renunció al gobierno tras una década de servicio público.

“Ya estaba pensando en dejar la CNBV, pero la amenaza de restricción de 10 años fue el impulso que necesitaba para dar el salto”, aseguró. “Entiendo que quieren evitar delitos, pero 10 años es demasiado duro”.

Arias ahora es directora gerente de una firma de abogados privada que asesora a empresas en el cumplimiento de las medidas de prevención de lavado de dinero. Ella y su equipo de abogados jóvenes están certificados por la CNBV, y algunos solían trabajar en el sector público.

“Escuché que algunos excolegas que todavía trabajan allí esperan la oportunidad adecuada para saltar del bote”, agregó. “Todos ellos son gente realmente talentosa”.

Estabilidad bancaria

Perder personal clave podría llegar en un momento precario. El próximo año, México enfrenta una evaluación por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre la estabilidad de su sistema bancario. Si al país le va mal, podría profundizar las preocupaciones de los inversores sobre la salud de los bancos y aumentar el costo de endeudamiento, dijo un exfuncionario.

Después de liderar la adopción de medidas de liquidez más estrictas en virtud del acuerdo de Basilea III, la CNBV ahora está rezagada en la redacción de las leyes recomendadas por el Banco de Pagos Internacionales. Más renuncias podrían empujar a México aún más atrás que otros países y aumentar la percepción del riesgo asociado con sus instituciones financieras.

La fuga de cerebros también podría detener la aprobación de nuevas compañías y regulaciones Fintech para promover la innovación financiera.

Los funcionarios, asimismo, están en el proceso de implementar una nueva plataforma respaldada por inteligencia artificial para monitorear las deficiencias en los protocolos de lavado de dinero. Un éxodo de altos funcionarios podría sabotear su despliegue.

Iván Alemán, quien era vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos durante los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto y ahora tiene su propia consultora, comentó que él no ha notado una baja sensible en los trabajos de la CNBV todavía. Pero, señaló que va a ser clave ver las cifras sobre el número de visitas de inspección que han montado ese año. Añadió que hay una fuerte cultura de cumplimiento en muchas instituciones financieras, pero en otras no.

“Al momento en que las entidades financieras perciben que la supervisión vía inspección ha tenido un relajamiento, pues en esa medida ellos también relajan sus controles”, dijo Alemán. “Al momento que vean este relajamiento, probablemente los procesos de instituciones se relajan a su interior y esto, el día de mañana, nos pueden llevar a cabo algunos problemas de cumplimiento regulatorio y operacional, en el extremo de los casos, que afectan a los usuarios del sistema financiero”.

Mientras tanto, el éxodo de la CNBV también ha permitido que algunos funcionarios públicos que llevaban toda una vida en el organismo asciendan a rangos más altos y están realmente contentos por la oportunidad, incluso si ganan menos que sus predecesores.

A medida que la economía se debilita, los servidores públicos dijeron que existe la preocupación de que no haya suficientes empleos en el sector privado para absorber más renuncias.

“El mercado no está abierto para todos, la ley de oferta y demanda”, dijo Alemán. “Al final del día, si hay mucha salida de servidores públicos, vamos a ver si tienen cabida en el sector privado o no. No están obligados a tener cabida y no está asociado a los deseos”.

Si bien eliminar la corrupción es clave, establecer controles efectivos sería mejor que imponer prohibiciones generales, aseveró Jacobo García Villarreal, experto en integridad pública y adquisiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Las fuentes de posibles conflictos de intereses deben estar bien reguladas”, dijo García Villarreal. “Pero es importante que haya un equilibrio entre restricciones razonables y las posibilidades laborales de los servidores públicos”. ?

“Los talentos buenos se los llevan a una empresa o hasta el extranjero porque es un talento preparado”“Si hay mucha salida de servidores públicos, vamos a ver si tienen cabida en sector privado”.