Dos procesos penales en curso por presuntos hechos de corrupción en contra del exgobernador Javier Duarte; una orden de aprehensión y extradición en contra de su esposa Karime Macías por pagos a empresas fantasma; varias investigaciones por posible desaparición de personas a mano de la policía estatal, y la indagatoria por el homicidio de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz.

Se trata de algunos de los casos de alto impacto investigados o promovidos por la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz bajo la gestión de Jorge Winckler quien el martes, de forma sorpresiva, fue separado del cargo por la comisión permanente del Congreso de Veracruz, bajo el argumento de que no tiene acreditado el proceso de control de confianza.

La remoción del fiscal ocurre mientras la mayor parte de esos casos siguen abiertos, y en momentos clave. Por ejemplo, en el caso de Duarte está programada una audiencia para el próximo 9 de septiembre.

Por otra parte la gestión de Winckler también ha sido denunciada (principalmente por personas en contra de las cuales ha procedido) por presuntas violaciones a derechos humanos e incluso por casos presuntamente fabricados. Una de esas acusaciones promovida por el propio Javier Duarte.

A continuación Animal Político presenta algunos de estos casos de alto impacto y también la cifra de policías locales que, pese a que han reprobado el control de confianza, no han sido destituidos en la entidad, a diferencia de lo ocurrido con el fiscal.

Javier Duarte, presunta corrupción y orden por desaparición forzada
Bajo la gestión de Winckler, la Fiscalía estatal logró que jueces de Veracruz y Ciudad de México abrieran dos procesos penales en contra del exgobernador de la entidad, Javier Duarte, por cinco delitos en total relacionados con hechos de corrupción, entre ellos peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Dichos casos están relacionados con el presunto desvío de 220 millones de pesos de fondos federales que estaban destinados a obras hidráulicas, y el presunto uso ilegal de un helicóptero oficial de la entidad en el que Duarte habría escapado del estado, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra en octubre de 2016.

Ambos procesos están por llegar a un punto clave. El próximo 9 de septiembre fue fijada la fecha para la audiencia intermedia en la que ambas partes, la Fiscalía y al defensa de Duarte, deberán exponer ante el juez las pruebas con las que pretenden ir a juicio.

Además la Fiscalía también obtuvo de una juez local una orden de aprehensión en contra de Duarte por el delito de desaparición forzada. Dicha orden no se ha podido cumplimentar hasta la fecha porque se requiere permiso de Guatemala (país del que fue extraditado en 2017), para que se pueda proceder en su contra por un nuevo delito.

Animal Político publicó el pasado 24 de julio que la Secretaría de Relaciones Exteriores finalmente formalizó ante Guatemala la referida solicitud, prácticamente un año después de girada la orden en contra de Duarte.

Karime Macías y los pagos a empresas fantasma
En mayo de 2018 la Fiscalía obtuvo de un juez penal una orden de aprehensión en contra de Karime Macías por el presunto delito de fraude al erario público, luego de que bajo su presidencia honoraria en el DIF de Veracruz (durante el mandado de su esposo Javier Duarte) se firmaran contratos por más de 100 millones de pesos, con empresas fantasma.

La orden de arresto derivó en una solicitud de extradición que México formalizó ante el Reino Unido (país en el que se encuentra Macías y su familia) en noviembre de 2018, y que hasta la fecha sigue en trámite.

Policía estatal, las desapariciones forzadas
En la gestión de Winckler la Fiscalía inició más de un centenar de carpetas de investigación por el presunto involucramiento de policías estatales en casos de desaparición forzada.

Algunas de dichas investigaciones ya derivaron en resultados, como lo fue la ejecución de 19 órdenes de aprehensión en febrero de 2018 en contra de elementos de dicha corporación policial, y posteriormente el proceso penal iniciado en contra del exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez.

Las indagatorias han continuado este año y apenas en agosto pasado se iniciaron tres nuevas carpetas de investigación, por la presunta implicación de elementos estatales en desapariciones, entre ellos la de dos jóvenes en Coatzacoalcos, Veracruz.

Caso Caballo Blanco, la matanza de 30 personas
Entre las investigaciones más recientes que ha iniciado la Fiscalía estatal se encuentra la que integra en colaboración con la Fiscalía General de la Republica (FGR) por el homicidio de 30 personas registrado en el centro nocturno El Caballo Blanco, el pasado 27 de agosto en Coatzacoalcos, Veracruz.

Hasta ahora no hay detenidos pero la Fiscalía sostiene que se tiene ya un móvil identificado y se tienen identificados a los probables responsables. Se ha descartado que en el caso esté implicado un sujeto de nombre Javier “N”, al que el actual gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, señaló oficialmente como implicado en el caso.

Contra Winckler: presuntos abusos e ineficacia
Sobre la gestión de Jorge Winckler al frente de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz también pesan diversos señalamientos y denuncias, tanto por malos resultados como por violaciones a derechos humanos.

Por ejemplo, en mayo pasado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió la recomendación 25/2019, en la que concluye que uno de los testigos utilizados en la acusación por desaparición forzada en contra de Duarte habría sido sometido a posibles actos de tortura psicológica, a cambio de que rindiera una declaración incriminatoria. Por dicho caso también se presentó una denuncia en la FGR.

Por su parte el propio Javier Duarte presentó una denuncia penal, de la que Animal Político tiene copia, en la que sostiene que hubo fabricación de documentos y hasta falsificación de firmas en el caso iniciado en contra suya, por el presunto desvío de 220 millones de pesos en la Comisión Estatal del Agua.

Por otro lado recientes informes y estudios de organizaciones no gubernamentales han colocado a la Fiscalía de Veracruz entre las de peor desempeño. Por ejemplo, el informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal” realizado por la organización México Evalúa, ubica a Veracruz como la segunda entidad del país con el mayor índice de impunidad: un 99.8% de delitos denunciados que no son resueltos.

Más de mil agentes en activo reprobados en control de confianza
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, el diputado José Manuel Pozos Castro, dijo el martes que la separación de Winckler del cargo de fiscal obedece a que no cuenta con la certificación de control de confianza que establece la Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ingresar y permanecer en una institución de seguridad.

Pero de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en una situación aún más grave se encuentra el 10 % de toda la fuerza activa policial de Veracruz, pues reprobaron el control de confianza pero no han sido destituidos. Se trata de poco más de mil agentes, entre policías estatales, municipales y ministeriales.

Y a ellos habría que sumar el caso de otro 25 % de los elementos en activo, cuya vigencia de los exámenes de control de confianza ya caducó y por tanto tampoco deberían estar en activo.

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