Con la intención de cumplir con la meta de ahorrarse 10 mil millones de pesos en el costo de la nómina, el Gobierno federal ha cancelado 7 mil 991 plazas que implicaban una erogación de 3 mil 852 millones de pesos, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno.

Esas cifras, señala el documento, son las registradas al 30 de junio pasado y representan un avance del 38 por ciento respecto de lo proyectado dentro del plan de Austeridad Republicana.

"En total, el Gobierno federal tiene la meta de devolver plazas de mando o enlace para generar ahorros por 10 mil 12 millones de pesos. Al 30 de junio se tiene un avance de 38%, lo cual representa la devolución de 7 mil 991 plazas y un ahorro de 3 mil 852 millones de pesos.

"Cabe aclarar que la reestructura organizacional no afecta a 92 de cada 100 servidores públicos, quienes no están sujetos a las medidas de austeridad por ser personal de base, operativo o de categorías similares", indica.

En el rubro de combate a la corrupción, el Informe detalla que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió 20 mil 504 denuncias por corrupción o faltas administrativas, de ellas 3 mil 536 se han concluido y 16 mil 387 permanecen abiertas.

"Por citar algunos ejemplos, las investigaciones están relacionadas con el robo de hidrocarburos; posibles irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, actuación bajo conflicto de interés de miembros de Órganos Reguladores, desvío y uso indebido de recursos públicos, así como contratación indebida de servidores públicos", detalla.

Adicionales a esas denuncias, la SFP inició 60 investigaciones por presuntas faltas administrativas, que representan más del doble de las investigaciones abiertas en los últimos 11 meses de la Administración anterior, que sumaron 26 casos.

"Asimismo, se impusieron 1,736 sanciones a 1,426 servidores públicos. De ellas, 502 fueron inhabilitaciones, 103 destituciones, 123 sanciones económicas por un total de 674.4 millones de pesos, 353 suspensiones y 655 amonestaciones públicas y privadas, principalmente por negligencia administrativa.

"Además, hubo sanciones por incumplimiento de declaración patrimonial, violaciones al procedimiento de contratación y abuso de autoridad, entre otros", indica.

El documento establece que el personal de los 213 Órganos Internos de Control (OIC) está en un proceso de readscripción administrativa para que dependan directamente de la SFP y no de la entidad a la que están adscritos.

"Estos órganos dependían de cada una de las dependencias donde operaban, creando un posible conflicto de interés entre auditor y auditado.

"En esta Administración, todo el personal de los OIC está en proceso de transferencia para incorporarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y mantener mayor independencia para vigilar el cumplimiento de la Ley. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, se han transferido a la SFP -a través de convenios entre las Unidades de Administración y Finanzas- los OIC de 13 secretarías de Estado", señala.