El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe de gobierno con una administración que no ha logrado romper la inercia que encontró en materia de inseguridad. Los indicadores que miden la inseguridad señalan que ésta se ha incrementado, lo cual se refleja en la percepción de los mexicanos.

De acuerdo con el informe denominado “Organized Crime and Justice in Mexico (Crimen organizado y justicia en México)”, del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, en colaboración con la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la Universidad Autónoma de Puebla, publicado en abril de 2019, México es considerado el segundo país con mayor crecimiento de homicidios en el mundo, sólo superado por Brasil.

Según los reportes de la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2014 se registra una tendencia a la alza en ese indicador, el cual pasó de 12.96 a 21.15 en 2018.

Esa situación contrasta con la tasa de extorsión que sí ha bajado. Pasó de 6.94 casos en 2013 a 4.45 en 2018. En tanto el secuestro se ha mantenido prácticamente estable en ese lapso. En 2013 el registro era de 1.43 por cada 100,000 habitantes y en 2018 fue de 0.71.

La incidencia delictiva, que mide el número de carpetas de investigación abiertas, se ha mantenido entre enero de 2018 y julio de 2019 en el rango de entre 160,000 y 180,000. En julio de 2018 era de 162,841 y en julio de 2019 fue de 174,456.

En tanto, la percepción de la inseguridad, también se mantiene en niveles similares, si se considera la última parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y los primeros seis meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a partir de junio de 2016, se observa una ligera tendencia a la alza. En ese mes, 70% de la población de más de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro.

A junio de 2019, 73.9% de los mexicanos se sentía inseguro en el lugar donde vive.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en julio de 2019, 78.7% de las mujeres mayores de edad se sentían inseguras y 68.2% de los hombres estaban en esa situación.

Lo que refleja el último reporte no representa un cambio estadísticamente significativo respecto de marzo de 2019, pues durante ese mes 73.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Las ciudades con mayor porcentaje con personas de 18 años o más que consideraron que vivir en su localidad es inseguro fueron Naucalpan de Juárez y Ecatepec de Morelos, Estado de México; Coatzacoalcos, Veracruz; Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas y Uruapan, Michoacán con 94.0, 97.4, 94.3, 92.4, 92.3 y 88.9%, respectivamente.

El mismo reporte señala que 84.5% de la población tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública y de ese universo, 15.5% experimentó algún acto de corrupción.

Asimismo, refiere que la delincuencia es considerada por los mexicanos como el segundo problema más importante en su ciudad.

Gobierno descalifica al trabajo del pasado, pero continúan mismas practicas
Para tratar de generar condiciones de seguridad en el país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP). Además, delineó sus líneas de acción en la materia en el apartado denominado “Justicia y Estado de Derecho” del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Según el análisis “Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el diagnóstico general de la actual administración se presentó como un justificante de un aparente cambio de paradigma en la política de seguridad: cumplir con la exigencia social.

Refiere que se presenta de manera negativa a los gobiernos anteriores minimizando y simplificando las estrategias implementadas por los gobiernos federales durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, ese organismo detectó similitudes entre el sexto informe de gobierno del presidente Peña Nieto y el PND, en aspectos como la regionalización de la política de seguridad, la participación de las fuerzas federales, el uso de inteligencia, la transformación de la práctica o sistema penitenciario, la atención y reconstrucción del tejido social, la atención al consumo de drogas, así como la implementación de medidas contra el lavado de dinero.

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno, el encabezado por el presidente Andrés López Obrador, fue modificar la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con ello sacar a la Policía de la secretaría de Gobernación, como estaba en el diseño institucional del gobierno del presidente Peña Nieto. El otro cambio importante fue la creación de la Guardia Nacional.

En el análisis “Gasto Público en seguridad. Una mirada a la ruta de los recursos, el ONC y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), plantean que México cuenta con aspectos institucionales de diferentes modelos, cuestión que representa desafíos legales y regulatorios en cuanto al seguimiento de la política nacional de seguridad Pública.

Además, concluyen que el gobierno no cuenta con una estrategia específica de seguridad.

México destina 0.96% de su PIB a seguridad; el promedio de la OCDE es de 1.7%
En cuanto a la disponibilidad de presupuesto para las acciones de seguridad, de acuerdo con el ONC, existe una atomización de programas presupuestarios para cumplir con los objetivos, ya que en 2019 se identificaron 120 programas; sin embargo, los recursos se concentran solamente en seis de ellos.

En el análisis citado del ONC y el CIEP, se destaca que actualmente se gasta 0.96% del PIB en seguridad Pública y solo 14% va a prevención.

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se gasta un promedio de 1.7% del PIB en Seguridad.

En cuanto al combate, el gasto se concentra principalmente en las fuerzas armadas; sin embargo, la mayor cantidad de recursos se van a impartir justicia y los concentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los temas de derechos humanos y búsqueda de personas, tanto en prevención como en justicia cuentan con recursos menores comparados con los programas destinados a combatir el crimen.

El contexto en el que se recrea la inseguridad también importa: Javier Oliva
El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva Posada, señaló que para generar condiciones de seguridad en el país es necesario atender al menos las deficiencias que hay en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el sistema penitenciario, las policías estatales e incluso, factores externos.

El académico expuso que son varias las razones que explican el incremento de la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad de las personas: desde cómo se ha mudado en Estados Unidos el consumo de marihuana por derivados de opio, la mayor introducción de armas al país, así como la violencia en los países del triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, El salvador y Guatemala).

“No es solamente un asunto del gobierno, sino también hay un contexto importante que a mí me parece que no lo toman en consideración”, añadió.

De acuerdo con el reconocido académico, es necesario un ajuste de fondo en los sistemas penitenciarios estatales y en el federal, así como robustecer el sistema de impartición de justicia, para que no ocurran fenómenos como al que han dado en llamar “de puerta giratoria”, según el cual los presuntos delincuentes, así como son detenidos y puestos a disposición de un juez, son puestos en libertad.

En el caso del estado de fuerza de la policía, llamó la atención en que en México se tienen 395,000 policías, de los cuales 40% son estatales y 30% municipales; sin embargo, hacen mucho más los 50,000 elementos de las fuerzas armadas dedicadas a labores de seguridad.

Sobre la puesta en marcha de la Guardia Nacional señaló que al desplazarse de manera permanente en el territorio nacional van a dejar de ser reactivos al tener una presencia permanente en el territorio, lo cual marca una diferencia importante respecto de la estrategia de los últimos gobiernos federales anteriores.

Explicó que esa forma de actuar, de manera reactiva probó que no es eficiente. Puso como ejemplo los casos de Tamaulipas y Guerrero, donde hubo una gran cantidad de operativos de la Policía Federal y no cambiaron sustancialmente las condiciones de inseguridad.

Oliva Posada destacó otro cambio importante en la forma del gobierno federal para intentar generar condiciones de seguridad: los recursos que se están destinando a gasto social, aunque dijo que no necesariamente hay una estrategia de prevención.

Estamos peor que el año pasado: Francisco Rivas
A su vez director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, dijo que en materia de seguridad Pública estamos peor que el año pasado.

Indicó que lo que se espera del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia es una declaración política, como la que hizo algunos días cuando felicitó públicamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum al decir que en la capital del país han bajado los homicidios y no es verdad.

En su opinión, lo grave es que en estos momentos “no hay nada que nos haga pensar que va a haber una reducción del delito, por lo menos en el próximo año”.

El especialista mencionó que, si bien es cierto que este gobierno heredó un problema de inseguridad, su responsabilidad es desde el día uno y el problema no es que haya una incidencia delictiva alta, sino que no tiene ni idea de cómo atacarla.

Lo que se requiere, añadió, es decir qué tipo de delitos se quieren resolver. Necesitamos mejorar el acceso a la justicia y abatir la impunidad.

El principal problema que se sigue manteniendo es el hecho de que cuando se comete un delito, no pasa nada, no hay sanciones. De cada 100 delitos que se cometen, hoy tenemos capacidad de sancionar a los delincuentes en menos de 1% de los casos, además de que existe evidencia de que en muchas ocasiones la ausencia de investigación, de protocolos bien elaborados, nos lleva a que finalmente se castigue a los más pobres que ni cometieron delitos.

Sobre la implementación de la Guardia Nacional, que hasta ahora es la principal apuesta del gobierno federal para generar condiciones de seguridad en el país dijo que la definición de los 656 polígonos en donde va a tener presencia esa fuerza hay en inconsistencias en su delimitación y recalcó que no se trata sólo de tener presencia policiaca para atender el delito, sino de generar condiciones para que los delitos no queden impunes y de eso no se tiene evidencia que se esté haciendo.