El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, planteó a legisladores que se deben otorgar facultades de investigación a las policías del país, además de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

El funcionario federal dijo que es necesario modificar el Artículo 21 constitucional, a fin de que las instituciones policiacas puedan llevar a cabo investigaciones de manera autónoma y evitar con ello la necesidad de la denuncia.

“De manera que las Policías puedan llevar adelante la investigación de forma autónoma, y sólo cuando la indagatoria se encuentre terminada entregar los registros al Ministerio Público para que decida formular o no la imputación correspondiente, eso nos va a permitir evitar la necesidad de la denuncia”, indicó conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, luego de reunirse con legisladores de Morena.

Durazo señaló que esta facultad también le debe ser otorgada a la Guardia Nacional, ya que esta es una instancia fundamental en la estrategia del Gobierno federal para combatir la inseguridad y la delincuencia.

“En la propuesta de modificación constitucional sí incluiría la capacidad de la Guardia Nacional para realizar investigaciones, de tal manera que a partir de ellas y de su capacidad de inteligencia podamos judicializar casos y presentarlos así ante el Ministerio Público”, destacó.

Durazo enumeró nueve prioridades legislativas que incluyen una nueva modificación al Artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva, así como cambios legales para regular las armas réplica, la compra de tarjetas telefónicas y las operaciones financieras en tiendas de conveniencia.

Pidió que la prisión preventiva se amplíe a los delitos de extorsión y robo de autotransporte, ya que son ilícitos que se encuentran desbordados.

“Ya se modificó el artículo correspondiente, pero quedaron fuera el delito de extorsión y el robo, asalto a vehículos de autotransporte en carreteras”, comentó.

“Estoy convencido que la maximización de la pena no es una solución definitiva, pero en las circunstancias desbordadas de algunos delitos, particularmente el de extorsión y el asalto a vehículo de autotransporte de carga, mucho ayudaría contar con esta modificación constitucional”.

El secretario de Seguridad y protección Ciudadana propuso también estandarizar a nivel nacional los tipos penales para evitar el turismo delictivo y regular las armas réplica ante el incremento de asaltos con éstas.

Demandó a los diputados de Morena regular la compra de tarjetas telefónicas dado el uso de equipos celulares desechables en delitos como la extorsión y el secuestro.

“Senta y siete millones de líneas en el País son prepago y no sabemos quiénes las tiene. Tenemos registros de investigaciones que nos muestran que en un secuestro se han utilizado 16 teléfonos, un teléfono por llamada, y no sabemos ni quién lo compró ni dónde, absolutamente nada, y como se deshacen de los teléfonos, perdemos la geolocalización que es imprescindible para ubicar al criminal”, insistió.

El funcionario federal aseguró que es necesario regular las operaciones financieras en tiendas de conveniencia, ya que son utilizadas para recibir dinero proveniente de la extorsión o el secuestro.

Asimismo, urgió modificar el Artículo 115 constitucional a fin de establecer lineamientos en materia de antros.