La austeridad que impulsa el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a la deriva a los niños y niñas que quedaron en la orfandad tras el feminicidio de su madre, puesto que en Oaxaca eran atendidos mediante un programa federal.

De acuerdo con Ana Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), hasta antes del cambio de administración el gobierno estatal inscribía a los menores en el programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar.

El plan que desapareció consistía en inscribir a menores de edad y jóvenes hasta los 24 años, para entregarles un apoyo de 330 a 2 mil 40 pesos al mes para concluir sus estudios, en caso de que su madre falleciera.

Con la cancelación, la posibilidad de inscribir a las víctimas indirectas de feminicidio, quienes no tenían que hacer trámite por el caso de gravedad, quedó disuelta. En su lugar se implementaron las Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, programas no ideados para hijos en orfandad.

En el estado la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) retomará el programa para jefas de familia, adaptado al contexto local.

Pocos con apoyos. En entrevista con EL UNIVERSAL, Ana Vásquez Colmenares, responsable de las políticas de equidad de género en Oaxaca, explica que el gobierno estatal, a través de la SMO y otras dependencias, da atención sólo a 119 menores, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio. En todo el estado, el Congreso estima que son 544 las niñas y niños huérfanos desde 2010 al primer semestre de 2018.

Luego de que los legisladores locales reformaron el artículo 22 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el gobierno estatal tendrá la obligación de garantizar la alimentación, salud y educación de todos los hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

Según organizaciones, como Consorcio Parlamentario para la Equidad y el Diálogo Oaxaca, al menos 90 mujeres han sido asesinadas en el estado. De ese total, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que sólo 17 se tipificaron como feminicidio, con corte al 5 de agosto.

Vásquez Colmenares detalla que el gobierno local, desde el inicio de la administración, atiende a los menores, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Víctimas, que tiene los expedientes de mujeres que dejaron a menores huérfanos, pero reconoce que el procedimiento no se ha institucionalizado.

“Se ha operado una política, para revisar, caso por caso, qué necesitan, pero no se ha institucionalizado”, menciona. Y añade que se han visitado los domicilios de las familias de mujeres asesinadas para conocer la situación de sus hijos, víctimas indirectas de esta violencia feminicida.

Las visitas consisten en verificar con quién y en qué condiciones viven, si asisten a la escuela o desertaron. En algunos hogares, las hijas se convirtieron en madres a muy temprana edad.

“Hay algunos casos de hace 15 años que aún están abiertos, de cuando el feminicidio no se había tipificado como delito y las muertes de mujeres por razones de género se consideraban como homicidios dolosos. El feminicidio se tipificó en 2012”, precisa la funcionaria. A hijos que ya no son menores de edad se les brinda sólo atención sicológica.

“Hace falta una protocolización”, sostiene y anuncia que se prepara un paquete que no sólo incluya apoyos escolares, sino la posibilidad de que las familias que se quedaron sin casa, para atender los procesos legales por feminicidio, puedan acceder a una vivienda.

“Muchas familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo de los feminicidas, otras se mudaron a la capital para seguir el proceso penal. Son gastos que no tenían. Las abuelas, quienes generalmente absorben los gastos de crianza de niñas y niños, viven crisis económicas tras la pérdida de sus hijas”, apunta.

Ante ello, se otorgan créditos a la palabra para que las familias puedan reactivar su economía: “Lo estamos haciendo, pero nos va a ayudar mucho cuando la ley quede aprobada, porque no será solamente buena voluntad, existirá una obligación”, señala.

Otra iniciativa que pretenden fortalecer en el proceso de acompañamiento es una propuesta que busca retirar la patria potestad a la línea paterna, pues muchos menores quedan bajo el cuidado de la familia del padre, a quien tienen que visitar en el penal, pues purga una condena por el feminicidio.